El Gobierno nacional modificó la forma en que financia la Tarifa Social del transporte público en todo el país, un cambio que impacta de lleno en Rosario y el Gran Rosario. A través de la Resolución 40/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció que el descuento del 55% para los grupos beneficiarios del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) se calculará sobre una tarifa de referencia fija, tomada de los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026, y no sobre el valor del boleto que rija en cada momento.
En otras palabras: el porcentaje de descuento se mantiene, pero el monto en pesos que aporta Nación queda congelado a los valores de fines de junio, aun cuando la Municipalidad de Rosario o la Provincia de Santa Fe, u otra jurisdicción municipal o provincial decidan subir la tarifa del colectivo más adelante.
Qué cambia exactamente
Hasta ahora, cada vez que una jurisdicción aumentaba el boleto, el subsidio nacional de la Tarifa Social se actualizaba de manera automática, porque se calculaba sobre la tarifa vigente en cada momento. Según los considerandos de la resolución, esa dinámica —frecuente y dispar entre provincias y municipios— le generaba al Estado nacional variaciones imprevisibles en el gasto, ya que Nación no tiene potestad para fijar las tarifas locales pero sí debe financiar el beneficio social.
La solución que adoptó la Secretaría de Transporte fue «fotografiar» las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026 en cada jurisdicción con SUBE implementado y usarlas como piso de cálculo hasta que el propio organismo nacional decida actualizarlas. Es decir, se rompe el vínculo automático entre lo que sube el boleto y lo que Nación reconoce como subsidio.
Para que esa foto tarifaria sea válida, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) debe haber comunicado formalmente los cuadros de cada jurisdicción a Nación Servicios S.A., la empresa que administra el sistema SUBE.
El impacto concreto en Rosario
En Rosario, el esquema tarifario combina fondos municipales y provinciales —que cubren la diferencia entre lo que paga el usuario y el costo real del servicio— con el aporte nacional a través de la tarjeta SUBE, que financia específicamente el descuento de la Tarifa Social para jubilados, pensionados, veteranos de guerra y otros grupos.
Con los valores vigentes desde febrero de este año —tarifa básica de $1.720, tarifa social SUBE de $774 y tarifa estudiantil de $860—, ese será el punto de referencia que use Nación para calcular su aporte a partir del 1° de julio.
Si la municipalidad de Rosario o la provincia de Santa Fe -en el caso de líneas interurbanas- deciden subir el boleto en los próximos meses, el usuario con atributo social seguirá pagando el 45% de la nueva tarifa, pero la diferencia entre ese 55% de descuento nacional «congelado» y el valor real del boleto quedará a cargo del municipio o la provincia, si es que deciden sostener el beneficio en esos términos.
La resolución aclara expresamente que no se tocan las facultades de provincias, municipios ni de la Ciudad de Buenos Aires para fijar sus propios cuadros tarifarios: lo único que cambia es el parámetro que usa el Estado nacional para calcular cuánto pone de subsidio.
Quiénes conservan el beneficio
El universo de beneficiarios no se modifica. Siguen alcanzados por el descuento del 55% quienes posean la tarjeta SUBE personalizada con alguno de los atributos sociales o grupos de afinidad definidos en la normativa vigente (entre ellos, jubilados y pensionados que cobran la mínima, veteranos de Malvinas y beneficiarios de determinados programas sociales), tanto en colectivo como en los servicios ferroviarios de pasajeros alcanzados por el sistema.
La resolución deja abierta una puerta: si una jurisdicción quiere sostener gratuidades o descuentos mayores a los que reconoce Nación, puede seguir haciéndolo a través de la tarjeta SUBE, pero con financiamiento propio. Es decir, Rosario y Santa Fe podrían optar por absorber la diferencia que deje de cubrir la Nación para que el usuario social no sienta el impacto, aunque eso implicaría un mayor esfuerzo presupuestario local.
Cuándo empieza a regir
La medida entró en vigencia el 1° de julio de 2026, aunque la propia resolución reconoce que Nación Servicios S.A. todavía no cuenta con los sistemas técnicos adaptados para aplicar el nuevo mecanismo de manera definitiva. Mientras se completan esos ajustes, la empresa implementará reglas de parametrización transitorias para empezar a aplicar el cambio con la infraestructura actual.
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