Dos internos de la cárcel de Piñero y dos mujeres fueron imputados por manejar un búnker de venta de drogas dentro del penal y por presionar a familiares de otros presos para que pagaran las deudas de consumo de sus parientes. La Fiscalía Nº 2 de Rosario, a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, les atribuyó comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y por haberse cometido en un lugar de detención. A los dos hombres los acusó como coautores y a las mujeres, como partícipes necesarias.
Entre los imputados figura Axel Herrera, de 21 años, quien además espera juicio por el homicidio de Marcos Daloia, el chofer de la línea K asesinado en marzo de 2024. Aquel crimen fue uno de los ataques narcoterroristas que más conmoción generaron en Rosario y, según surgió en esa investigación, se habría cometido a cambio de dinero para saldar una deuda por drogas.
Las denuncias que destaparon el caso
La causa nació a partir de denuncias de familiares de otros internos, que contaron que los amenazaban para que pagaran lo que sus parientes presos debían por consumir droga en el penal. Con esos testimonios, la fiscal pidió la intervención de teléfonos y el levantamiento del secreto bancario, medidas que permitieron reconstruir el circuito de venta, activo entre abril y septiembre de este año.
Cómo operaba la organización
Según la Fiscalía, Ezequiel «Colo» Romero, alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 11, gestionaba la compra de la droga afuera y daba indicaciones sobre dónde retirarla y a qué precio. Esas órdenes llegaban a Natalia G., su pareja, encargada de ingresar el material fraccionado a la cárcel. Para eso reclutaba a otras mujeres, algunas embarazadas, que evitaban el paso por los escáneres. Además, cobraba a los familiares las dosis consumidas y recibía los pagos en su cuenta de Mercado Pago, mientras que Romero llevaba las cuentas de un negocio que se movía en gran parte con billeteras virtuales.
Dentro del penal, Romero se apoyaba en Herrera, que recibía la droga de su madre en cada visita y cobraba las deudas a los familiares de otros internos. Las ganancias llegaban a Romero, muchas veces a través de Natalia G. La otra imputada, Yamila R., guardaba y entregaba la mercadería tanto a Natalia G. como a la madre de Herrera. Esta última, pese al rol que le atribuye la investigación, no fue imputada.
Los allanamientos y las medidas judiciales
Natalia G. y Yamila R. fueron detenidas el 12 de septiembre en allanamientos simultáneos en el sudoeste de la ciudad. En la casa de Natalia G., en Carlos Uriarte al 7700 (barrio Godoy), se secuestraron unos ocho gramos de marihuana, una balanza de precisión y anotaciones sobre la venta. En la vivienda de Yamila R., en Cafferata al 3900, se hallaron 153 gramos de marihuana, otra balanza y dinero en efectivo.
La jueza María de los Ángeles Granato dispuso la prisión preventiva para Natalia G. y la libertad con medidas alternativas para Yamila R. Romero y Herrera siguen detenidos, sin cambios en su situación procesal, ya que ambos estaban alojados en el penal por otras causas.
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