Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, se fugó del departamento del barrio porteño de Monserrat donde cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica, a la espera de ser extraditado a Italia. El hombre, de 74 años, escapó pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había avalado en julio del año pasado su entrega a la Justicia italiana, que lo condenó por terrorismo.
Bertulazzi vivía en el 5° H del edificio de Defensa 649, en pleno centro porteño. En la puerta del departamento había custodia del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA). Esa misma fuerza estuvo afectada en los últimos días al operativo especial de seguridad por la visita del papa León XIV.
Cómo fue la fuga
Para burlar a los efectivos que lo vigilaban, el exterrorista armó un plan que no pasó por la puerta. Según reconstruyeron los investigadores, primero se quitó la tobillera electrónica y la metió en un tubo con carne de cerdo, junto con una almohadilla térmica que mantenía la temperatura, para que el dispositivo no detectara el cambio. Después subió a un techo y, con un arnés y una soga, bajó unos cinco metros hasta un terreno baldío ubicado detrás del edificio.
Desde ese terreno trepó un portón metálico y saltó a la vereda desde unos dos metros de altura, momento que quedó registrado por una cámara de seguridad. De acuerdo con esas imágenes, la fuga se produjo a las 6.01 de la madrugada. Una fuente del caso remarcó con ironía que Bertulazzi tenía el beneficio del arresto domiciliario por haber sufrido, supuestamente, un accidente cerebrovascular (ACV).
Ahora, detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA analizan filmaciones para reconstruir el recorrido posterior del prófugo. La causa por la fuga está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, mientras que el expediente de extradición lo tramita la jueza federal María Servini.
Qué dijo su abogado
El defensor de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, aseguró que en los últimos dos años su cliente sufrió tres ACV y que estaba bajo estudio médico. Contó que el último control fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, donde le indicaron nuevos análisis, y que él le pidió a Servini autorizarlos y solicitar un dictamen del Cuerpo Médico Forense para saber si estaba en condiciones de viajar a Italia.
Según Yanzón, la jueza rechazó el planteo con el argumento de que el proceso de extradición ya había concluido, aunque Bertulazzi seguía detenido a su disposición. El abogado sostuvo que la magistrada no veló por la salud de un detenido bajo su orden y cuestionó la condena italiana, dictada en ausencia y sin posibilidad de defensa. También dijo que la noticia de la fuga lo sorprendió: “Pensé que lo habían matado, luego que lo habían detenido, pero ahora estoy preocupado por su salud y su vida”.
El letrado agregó que la extradición quedó firme el 1 de julio del año pasado, pero que restaba resolver el debate judicial sobre su estatus de refugiado. En ese punto, apuntó contra Servini por aplicar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que recortó derechos de los refugiados y dar por terminada esa discusión.
Recompensa de 20 millones
El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20.000.000 para quienes aporten información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial. El ofrecimiento se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas (Ley 26.538), que contempla pagos a personas que, sin haber participado del delito, brinden datos útiles para capturar a los responsables de hechos graves o complejos.
Quién es Leonardo Bertulazzi
Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 en el mismo departamento del que ahora escapó, en un operativo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA. La captura se concretó luego de que el Gobierno nacional revocara el estatus de refugiado que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le había otorgado en 2004, en un trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Justicia, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Agregaduría Policial de Italia.
La Justicia italiana lo buscaba por secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Tiene una condena firme de 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por integrar un grupo armado. Además, según las autoridades argentinas, ocupó un alto rango en la organización y estuvo vinculado a la logística del secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro, en 1978, uno de los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas.
Su militancia comenzó en 1977, cuando resultó herido por la explosión de un artefacto que estaba armando, hecho por el que recibió una primera condena de dos años. Integró la Columna Genovesa “28 de Marzo” y su nombre de guerra era “Stéfano”. Tras esa pena inicial, los tribunales italianos lo condenaron a 27 años por terrorismo.
En mayo de 2002 ingresó a la Argentina en moto, acompañado por una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche, tras cruzar la Cordillera desde Chile. Venía recorriendo América Latina en una Honda 750, en un viaje que había iniciado en El Salvador, y ese mismo año fue capturado en la Patagonia.
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