La investigación por la presunta estafa millonaria al Pami que tiene como principal sospechoso a un cardiólogo de la región sumó un capítulo inesperado. Durante los allanamientos realizados este jueves en las comunas de Acebal y Wheelwright, efectivos de la Policía Federal encontraron cerca de 300 ampollas de fentanilo y morfina en el domicilio de los principales investigados.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario a pedido de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, en el marco de una pesquisa por una presunta defraudación al Pami que supera los 580 millones de pesos.
En una vivienda de Wheelwright perteneciente al médico cardiólogo Martín A. y a un enfermero también llamado Martín, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales halló 243 ampollas usadas de fentanilo y 50 ampollas de morfina sin usar guardadas dentro de una caja fuerte. También se secuestró material quirúrgico y un amplio stock de medicamentos: vacunas inyectables y ampollas de diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, entre otros elementos de interés para la causa.
A raíz del hallazgo se abrió una nueva causa judicial, que quedó en manos de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada. La investigación apunta a determinar posibles delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes bajo la Ley 23.737. En los próximos días se realizará una audiencia ante el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, donde se analizará la situación procesal de los involucrados.
El hallazgo se produjo horas después de que trascendiera la investigación por la presunta maniobra de facturación fraudulenta contra el Pami. Según la hipótesis fiscal, el cardiólogo habría registrado miles de consultas, estudios y prácticas médicas a nombre de afiliados de distintas provincias entre 2023 y 2025, generando pagos por unos 580 millones de pesos que la obra social efectivamente abonó. La pesquisa se inició tras detectar que numerosos afiliados desconocían haber recibido las prestaciones registradas a su nombre.
Seguinos