El magistrado Andrés Leonelli, con más de dos décadas en la Justicia, vivió una situación que él mismo define como “una historia de terror”. Actualmente se desempeña en Tierra del Fuego y quedó envuelto en una causa penal luego de que Google reportara contenido de abuso sexual infantil detectado en su cuenta.
El origen del caso se remonta a 2016, cuando Leonelli intervenía como juez de primera instancia en una investigación por delitos sexuales contra menores. En ese contexto, descargó archivos vinculados al expediente en su computadora laboral. Tiempo después, al realizar una copia de seguridad, ese material se subió automáticamente a su cuenta de Google Drive.
A partir de allí, la compañía bloqueó sus cuentas y elevó un reporte a la National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), en Estados Unidos. La alerta derivó en una investigación penal en su contra por presunta producción o facilitación de imágenes de abuso sexual infantil.
El impacto fue inmediato, su vivienda y su despacho judicial en Río Grande fueron allanados. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Justicia resolvió su sobreseimiento y dejó constancia de que el proceso no afectaba su honor ni su buen nombre. Aun así, el magistrado remarcó las consecuencias personales y profesionales que atravesó durante ese período.
Tras quedar desvinculado de la causa, Leonelli inició acciones legales contra Google en los fueros penal y civil. En ese marco, obtuvo recientemente un fallo favorable del juez Marcelo Bruno Dos Santos, quien ordenó a la empresa restituir sus cuentas y los servicios asociados en un plazo de tres días.
En su presentación judicial, el magistrado explicó que los archivos almacenados correspondían a documentación de causas penales en las que había intervenido, incluyendo sentencias y material de trabajo. También señaló que el uso de plataformas en la nube forma parte de las prácticas promovidas dentro del sistema judicial de Tierra del Fuego para facilitar el trabajo remoto.
Además, sostuvo que la presencia de esas imágenes en su computadora no fue deliberada, sino consecuencia de procesos automáticos al abrir archivos encriptados. Según detalló, el respaldo que terminó en la nube se realizó de forma masiva junto a miles de documentos laborales, sin advertir la inclusión de ese contenido específico.
Tras la denuncia inicial, la Ncmec dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público porteño, y la causa recayó en un juzgado de instrucción de Ushuaia.
Leonelli cuestionó el accionar de la empresa tecnológica, al considerar que el reporte fue incompleto y omitió información clave sobre el origen del material. Según planteó en la causa civil, esa situación derivó en medidas judiciales y una exposición pública que le provocaron daños a nivel personal, familiar y profesional.
En el fallo que ordenó restituir sus cuentas, el juez Dos Santos remarcó que la Cámara de Apelaciones del distrito confirmó que no existió conducta delictiva por parte de Leonelli, ya que el material formaba parte de documentación judicial obtenida en el ejercicio de su función y su almacenamiento en la nube se produjo sin intención.
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