El futbolista Jonathan Gómez, ex jugador de Rosario Central y actual mediocampista de Sarmiento de Junín, denunció ante la Justicia una presunta maniobra extorsiva vinculada a una deuda generada en una plataforma clandestina de casino online. Según la presentación judicial, fue obligado bajo amenazas a firmar pagarés por un total de 505 mil dólares.
La causa se tramita en tribunales de San Lorenzo y también investiga el funcionamiento de una organización dedicada al juego ilegal en Santa Fe. De acuerdo a la denuncia, el conflicto comenzó tras una deuda inicial de 50 mil dólares originada por apuestas en una plataforma llamada Lexus, donde el futbolista jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.
El jugador sostuvo en declaraciones con un medio de la ciudad de Rosario, que recibió intimidaciones tanto en el predio donde entrena con Sarmiento como en su domicilio de Capitán Bermúdez. Según declaró, los presuntos acreedores le advirtieron que si no pagaba “iba a tener consecuencias”.
El abogado de Gómez, Paul Krupnik, explicó que existen dos investigaciones paralelas, una sobre la operatoria del juego clandestino y otra vinculada a los pagarés firmados presuntamente bajo presión. Además, señaló que uno de los involucrados tendría parentesco con la esposa del futbolista.
Según consta en el expediente, el 29 de octubre de 2025 el ex volante de Racing Club fue llevado a una escribanía en Junín, donde firmó cuatro pagarés por cifras que iban desde los 25 mil hasta los 180 mil dólares. En su denuncia aseguró que actuó bajo amenazas contra él y su familia.
“Me obligaron a firmar en contra de mi voluntad”, expresó Gómez en uno de los escritos incorporados a la investigación, donde además sostuvo que el monto reclamado era diez veces superior a la deuda original.
A raíz de una demanda civil presentada por los acreedores, la Justicia dispuso embargos sobre bienes del futbolista, entre ellos una vivienda en un barrio cerrado de Funes, un departamento en Rosario, un vehículo Mercedes Benz y sus cuentas bancarias. Sin embargo, la resolución fue apelada, ya que en el fuero penal se investiga si la deuda fue incrementada mediante mecanismos extorsivos.
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