El Gobierno nacional habilitó a la provincia de Santa Fe a hacerse cargo de la gestión de tramos de rutas nacionales, en el marco de un nuevo esquema que impulsa la descentralización y la participación privada a través de concesiones y peajes.
La medida se formalizó mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, que permite transferir funciones operativas a distintas provincias. En este caso, Santa Fe queda facultada para intervenir en la administración, mantenimiento y eventual mejora de corredores viales que hasta ahora dependían de la órbita nacional.
El nuevo esquema contempla que las provincias puedan otorgar concesiones de obra pública sobre esos tramos, lo que implica la posibilidad de que empresas privadas se encarguen de su explotación. A cambio, el financiamiento de las tareas se realizará principalmente mediante el cobro de peajes a los usuarios.
La decisión se inscribe dentro de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a reducir la intervención directa del Estado en la obra pública y promover un modelo basado en inversión privada. En ese sentido, la iniciativa retoma el concepto de “federalismo operativo”, con el que la Casa Rosada busca delegar responsabilidades en las provincias.
Santa Fe era una de las jurisdicciones que venía reclamando mayor participación en la gestión de rutas nacionales que atraviesan su territorio, en medio de cuestionamientos por el estado de la infraestructura y la falta de mantenimiento. Con esta habilitación, la provincia podrá avanzar en esquemas propios para sostener y mejorar la red vial, bajo las condiciones que establece la normativa nacional.
El nuevo modelo redefine el rol del Estado nacional, que pasa a concentrarse en la regulación y el control, mientras que las provincias y el sector privado asumen un mayor protagonismo en la ejecución y financiamiento de las obras.
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