Trece chicos fueron rescatados de un supuesto “hogar” en Florencio Varela donde, según la investigación judicial, vivían en condiciones extremas de abandono y maltrato. De acuerdo con las denuncias, los menores eran golpeados, no recibían atención médica y eran obligados a realizar trabajos forzados de albañilería.
Las primeras actuaciones indican que los niños vivían en condiciones de hacinamiento, con alimentación deficiente y falta de higiene. En algunos casos dormían en colecho con perros y debían continuar trabajando incluso cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica adecuada.
Según el parte oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los menores tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para evitar que contaran lo que ocurría dentro del predio. Además, sufrían episodios de violencia, como golpes con objetos contundentes, y no asistían regularmente a la escuela, lo que afectaba directamente sus derechos a la educación y a la salud.
Entre las tareas que debían realizar, los chicos eran obligados a juntar con carretillas las heces y desperdicios de decenas de perros y de dos caballos, alimentar a los animales y limpiar las viviendas y el mobiliario del lugar. Muchas veces realizaban estas actividades sin supervisión adulta y en condiciones consideradas peligrosas para menores de edad.
También preparaban cemento, trasladaban maderas, piedras y otros elementos pesados, hacían trabajos de albañilería, cortaban cañas con machetes para construir cercos y cortaban el pasto del predio. Según la investigación, estas tareas podían extenderse durante todo el día e incluso hasta la medianoche, bajo la lluvia o a la intemperie.
El caso fue detectado en el marco de una investigación de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo. La causa también determinó que, si los chicos se negaban a cumplir con las actividades, podían ser castigados con la privación de alimentos o expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche.
La investigación también alcanza a dos funcionarios de organismos de Niñez de la zona oeste, quienes habrían intentado ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento. Según la causa, habrían utilizado información reservada sobre medidas judiciales para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en las que vivían los chicos.
En el marco de la causa se realizaron varios allanamientos en el supuesto hogar y en domicilios y oficinas vinculadas a los funcionarios investigados. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, un disco rígido de 160 GB y documentación considerada clave para el avance de la investigación en Argentina.
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