La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida de decomiso de bienes vinculada a la causa Vialidad. Con esta resolución, la Justicia avanzará con el proceso para recuperar activos de la exmandataria, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y del empresario Lázaro Báez.
La decisión implica la ejecución de más de 100 propiedades y bienes, en el marco de la condena por administración fraudulenta. El monto fijado para el decomiso asciende a 684.990 millones de pesos, cifra establecida en la sentencia de la causa.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último votó en disidencia parcial al considerar que algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y determinadas empresas de Báez debían ser revisados en una instancia extraordinaria.
Según sostuvo Hornos en su voto, el decomiso se fundamenta en que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, remarcó que existió un “ilícito comprobado” y afirmó que durante la etapa investigada se produjo un “flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
Entre los bienes alcanzados aparecen diez departamentos en Río Gallegos y cinco lotes pertenecientes al complejo hotelero Los Sauces, ubicado en Lago Argentino, Santa Cruz. También quedaron incluidos inmuebles relacionados con empresas de Lázaro Báez, como Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
En relación a los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, la Justicia ratificó que el decomiso puede avanzar aun cuando ellos no hayan sido condenados en la causa. El tribunal entendió que existe una “vinculación razonable” entre esos activos y el beneficio económico derivado de los delitos investigados.
Además, los jueces rechazaron los planteos de la defensa que sostenían que el decomiso de bienes heredados vulneraba principios constitucionales como el derecho de propiedad, la inocencia y la legalidad.
Borinsky, en minoría, consideró que algunos bienes adquiridos antes de abril de 2004 no deberían formar parte del decomiso porque no existiría suficiente sustento normativo para incluirlos dentro del período analizado en la causa.
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