Un nuevo y doloroso desenlace volvió a conmover a la región por la tragedia vial de Monticas. María Belén G, de 49 años, falleció tras permanecer casi nueve años en estado vegetativo como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió en el choque frontal de dos colectivos de la empresa Monticas ocurrido el 24 de febrero de 2017 sobre la ruta nacional 33, entre Pérez y Zavalla.
Aquel siniestro, considerado uno de los peores de la historia reciente de Santa Fe, dejó 13 personas muertas y más de 30 heridas. El día del accidente, María Belén había viajado desde San José de la Esquina hacia Casilda para asistir a un encuentro. Tras abordar uno de los colectivos involucrados en el choque, perdió contacto con familiares y amigos, quienes comenzaron a preocuparse al no poder comunicarse con ella.
Luego del impacto fue trasladada en estado crítico a un centro de salud. Los médicos lograron salvarle la vida, pero las lesiones neurológicas fueron irreversibles. Desde entonces permaneció en estado vegetativo, con internación domiciliaria y asistencia permanente.
Antes del accidente era artesana, profesora de yoga y de danzas árabes. También había vivido en España e Italia y tenía previsto viajar a la India pocos días después del siniestro para continuar su formación.
Durante casi una década, su familia enfrentó no solo el impacto emocional de la tragedia, sino también una larga batalla para garantizar su atención médica.
En 2020 denunciaron dificultades para sostener la internación domiciliaria debido a problemas en la cobertura de los tratamientos y debieron recurrir a la Justicia para exigir que las prestadoras de salud y la aseguradora de la empresa de transporte asumieran los costos de la atención.
La muerte de María Belén vuelve a poner el foco sobre una causa judicial que concluyó sin condenas de prisión efectiva. Tras el accidente, distintas investigaciones revelaron que la empresa Monticas acumulaba numerosas infracciones por deficiencias en el mantenimiento de sus unidades, incluyendo problemas en neumáticos y frenos.
Sin embargo, en diciembre de 2024 la Justicia santafesina homologó un acuerdo de suspensión del juicio a prueba (probation) para los diez imputados. La resolución contempló reparaciones económicas para las víctimas, donaciones a organizaciones sociales e inhabilitaciones temporarias para ejercer cargos en empresas de transporte, pero no derivó en penas de prisión.
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