La muerte de Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación y uno de los acusados en la causa por presuntas irregularidades en la compra de un edificio durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, generó conmoción en la Justicia en las últimas horas. El exfuncionario, de 55 años, fue encontrado sin vida en Villa Elisa, La Plata, y la Policía investiga como una de las hipótesis un posible suicidio.
Bellingi debía afrontar en menos de tres semanas el juicio oral por la adquisición del inmueble ubicado en Perón 667, donde funcionan dependencias de la Procuración. En el mismo proceso será juzgada Gils Carbó, quien estuvo al frente del Ministerio Público Fiscal y fue procesada en 2017, antes de presentar su renuncia.
El cuerpo del exfuncionario fue hallado este martes en calle 8, entre 406 y 407, de Villa Elisa. Una persona que advirtió su presencia en la vía pública llamó al 911 y dio aviso a la Policía. Según los informes de la Policía bonaerense, junto al cuerpo los efectivos encontraron sus pertenencias personales, entre ellas la billetera, el teléfono celular y el reloj. A simple vista, según la información policial, el cuerpo no presentaba signos de defensa ni otras lesiones.
A partir de esas circunstancias, los investigadores analizan la posibilidad de que Bellingi se haya quitado la vida. La investigación se desarrolla cuando faltaban apenas unos 20 días para el comienzo del juicio oral en el que estaba acusado junto con Gils Carbó.
La causa que debía llevarlo al banquillo se concentra en la compra realizada en 2013 de un inmueble de Perón al 600, conocido como el “Petit Hotel”, al que se trasladó la Procuración General de la Nación. La operación se concretó por $43.850.000.
Para avanzar con la adquisición se realizó una licitación en cuyo proceso intervino Bellingi, que ocupaba un cargo en la administración de la Procuración. En la operación también participó su medio hermano, Juan Carlos Thill. Thill recibió una comisión de $3 millones, equivalentes en ese momento a unos US$ 500.000, por haber asesorado a la inmobiliaria que, a su vez, asesoró a Arfinsa, la empresa que terminó vendiéndole el edificio a la Procuración.
Uno de los puntos bajo la lupa de la Justicia fue la cronología de esos acuerdos: los contratos vinculados con el cobro de las comisiones habían sido firmados antes de que se hiciera pública la licitación con el nombre del ganador. La investigación judicial sostiene que la operación habría sido direccionada para beneficiar a determinados intermediarios y posibilitar el pago de comisiones millonarias relacionadas con la compra del inmueble.
Los investigadores también sostienen que habría existido una estructura acordada con anterioridad para darle apariencia de legalidad a la operación. Dentro de esa hipótesis, uno de los elementos considerados centrales fue el vínculo entre Bellingi y Thill.
La causa fue instruida por el juez federal Julián Ercolini, quien elevó a juicio oral tanto a Gils Carbó como a Bellingi. El debate quedó en manos del Tribunal Oral Federal N° 8, integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. La acusación estará a cargo del fiscal general Marcelo Colombo.
Gils Carbó dejó su cargo después de haber sido procesada en 2017. Actualmente ejerce como abogada y representa al empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, en la causa Cuadernos. Desde la salida de Gils Carbó, Eduardo Casal permanece interinamente al frente de la Procuración.
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