Ante la profundización de la crisis en la atención médica del Pami, el gobierno de Santa Fe advirtió sobre el impacto en el sistema público de salud, que ya se encuentra sobrecargado y podría ver incrementada la demanda. El tema fue abordado en una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro en Rosario.
En ese marco, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, expresó su preocupación por la situación. “Venimos observando esta situación del Pami desde hace tiempo y presentamos números concretos: de un 28% de usuarios sin cobertura que atendemos en nuestra red de salud, el 25,2% corresponde a afiliados de Pami que están accediendo a nuestros servicios. Eso ya implica una inversión muy importante de nuestra parte”, señaló Ciancio.
Además, cuestionó los recortes en los honorarios profesionales: “Por supuesto que nos preocupa y nos parece totalmente injusto el recorte en los salarios profesionales, con valores que resultan vergonzosos. Pensar en 2.000 pesos por afiliado no solo es injusto para los médicos, sino también para los propios pacientes. Estamos siguiendo de cerca esta situación”.
En esa línea, remarcó: “Ante la emergencia y lo cotidiano, tratamos de que el afiliado de Pami pueda acercarse a nuestros centros de salud y encontrar alguna respuesta. Pero está claro que la responsabilidad es del Pami y del gobierno nacional, y lo vamos a reclamar todas las veces que sea necesario”.
La crisis en el Pami se agravó tras la implementación de una nueva normativa que redujo drásticamente los honorarios médicos. Profesionales denunciaron que actualmente perciben alrededor de 2.100 pesos por consulta, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio. También advirtieron que la medida fue adoptada de manera unilateral, sin consenso con el sector, lo que derivó en protestas y suspensión de la atención.
Según referentes, los ingresos mensuales rondan entre 600 mil y 700 mil pesos, cifras insuficientes para cubrir costos básicos como el alquiler de consultorios. A esto se suma un cambio en el sistema de pago que elimina el cobro por prestación individual, generando una “licuación” de los honorarios cuando los pacientes requieren múltiples consultas.
En comparación, otras obras sociales abonan entre 12 mil y 18 mil pesos por consulta, lo que evidencia una pérdida cercana al 50% en los ingresos.
Más allá del impacto económico, los médicos alertaron sobre el deterioro en la relación con los afiliados, especialmente adultos mayores. Aunque manifestaron su intención de continuar trabajando, reclamaron intervención urgente de las autoridades para revisar las condiciones actuales y garantizar la atención.
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