El debate por la prohibición de los cuidacoches en Santa Fe comenzó a tomar impulso en la Cámara de Diputados, donde la próxima semana las comisiones encargadas del tema buscarán avanzar con un dictamen para llevar el proyecto al recinto. Sin embargo, antes de esa definición, los legisladores escucharán la postura del Arzobispado de Rosario, que pidió diferenciar a los trabajadores informales de las organizaciones que utilizan esta actividad para extorsionar en eventos masivos y canchas de fútbol.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado y fue presentada por el senador rosarino Ciro Seisas, propone prohibir la actividad en toda la provincia. El texto incluye sanciones como tareas comunitarias y arrestos, además de plantear mecanismos de reinserción laboral para quienes actualmente trabajan como trapitos.
El jueves próximo está prevista una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Allí se analizarán cambios al proyecto y se intentará unificar criterios entre los distintos bloques políticos para avanzar hacia su aprobación.
Uno de los puntos que genera discusión es quién deberá encargarse de aplicar las sanciones. Algunos diputados advirtieron que trasladar las contravenciones a la Justicia penal podría profundizar la sobrecarga de expedientes. Por eso, desde distintos sectores consideran que el control debe quedar bajo la órbita de municipios y comunas.
En paralelo, la comisión de Seguridad conversó este miércoles pasado con representantes de la Iglesia Católica rosarina. La reunión se produjo luego de un encuentro entre autoridades eclesiásticas y personas que realizan esta actividad en la ciudad.
Del encuentro participaron el arzobispo Eduardo Martín, integrantes de la Pastoral Social y el padre Fabián Monte. Allí, la Iglesia expresó su preocupación por la situación social de quienes trabajan como cuidacoches y pidió que se avance en una regulación que permita identificar y sancionar a los grupos que lucran de manera ilegal, especialmente en espectáculos y partidos de fútbol.
Además, durante el tratamiento legislativo surgieron cuestionamientos vinculados al impacto económico que tendría la norma para municipios y comunas, ya que deberían asumir tareas de control y sanción. También se planteó que bajo la misma prohibición quedarían alcanzadas situaciones muy distintas: desde trapitos vinculados a extorsiones hasta vecinos que cumplen esa tarea de manera informal o cooperativas que trabajan para instituciones solidarias.
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