La Audiencia Nacional de España anuló la resolución que consideraba a Shakira culpable de fraude fiscal en 2011 y declaró que la cantante colombiana no puede ser considerada residente fiscal en España durante ese año. Como consecuencia, la Agencia Tributaria española deberá devolverle las cantidades retenidas de forma indebida: 55 millones de euros en concepto principal, que superarán los 70 millones al sumar intereses y costas, según su equipo legal.
El tribunal sostuvo que la propia administración nunca pudo acreditar que Shakira hubiera permanecido los 183 días en territorio español exigidos por ley para generar obligaciones tributarias. Como máximo, su estancia llegó a 163 días. Tampoco se probó que España fuera la base de sus actividades económicas —su estructura empresarial radicaba fuera del país— ni existía en ese momento vínculo familiar suficiente. Hacienda había alegado «una relación sentimental con un residente español», en referencia al futbolista Gerard Piqué, pero los magistrados respondieron que eso «no puede equipararse legalmente a un vínculo conyugal».
En 2011, Shakira se encontraba de gira mundial con 120 conciertos en 37 países. No tenía casa, hijos ni sede empresarial en España, pero Hacienda le exigió tributar por la totalidad de las ganancias de esa gira sin considerar sus gastos. La resolución anulada correspondía al Tribunal Económico Administrativo Central y había sido dictada en julio de 2021.
La Audiencia también condenó en costas a la AEAT, una medida que se adopta en los casos más claros de desestimación total de los argumentos del fisco. El fallo aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
Shakira reaccionó con dureza: «Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio.» Y dedicó el resultado a otros contribuyentes: «Mi mayor deseo es que este fallo sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional.»
Este caso no fue el único conflicto fiscal de la artista con España. En 2023 alcanzó un acuerdo con la Fiscalía por los ejercicios 2012-2014, aceptando seis condenas de seis meses de prisión —sustituidas por multas— más una multa adicional de 7,3 millones. Hoy tiene su residencia fiscal en Miami.
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