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Jan De Nul se perfila como concesionaria de la hidrovía: peajes más baratos y USD 10.000 millones en inversión


La licitación internacional para operar la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, llegó este martes a su etapa decisiva. Al abrirse las ofertas económicas, las dos compañías participantes —las multinacionales belgas Jan De Nul y DEME— presentaron exactamente la misma propuesta: los valores mínimos permitidos por el pliego licitatorio. Dado que Jan De Nul había obtenido mayor puntaje técnico en la ronda anterior, con una ventaja de más de 24 puntos sobre 80 posibles, se posiciona como la principal candidata a adjudicataria. El concesionario elegido operará, mantendrá y modernizará la principal ruta fluvial del país durante los próximos 25 años.

El proceso arrancó en diciembre de 2025 con tres competidores: Jan De Nul —actual operadora del dragado—, DEME y la brasileña DTA Engenharia, que quedó eliminada en la evaluación técnica. Las dos firmas belgas que avanzaron propusieron tarifas idénticas: USD 3,80 por tonelada en la etapa 0, USD 4,65 en la etapa 1 y USD 5,78 en la etapa 2, lo que totaliza USD 14,23 por el recorrido completo. Según datos oficiales, esta reducción generará un ahorro anual de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios, equivalente a una baja del 15% en los peajes actuales. La decisión final quedará en manos del Gobierno y se conocerá durante el mes próximo.

El Ministerio de Economía destacó en un comunicado que la rebaja de 50 centavos respecto de la tarifa vigente representa un ahorro del 13,5%, y señaló que el objetivo es garantizar condiciones competitivas para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que moviliza una porción significativa del comercio exterior del país.

El futuro concesionario asumirá la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía sin respaldo estatal para los riesgos comerciales. El contrato le garantiza una ganancia mínima del 6% sobre los peajes cobrados e incluye un sistema de monitoreo permanente de las inversiones y la calidad del servicio.

La hidrovía, que se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros, es la salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas —principalmente granos y productos industriales embarcados en Rosario, uno de los mayores complejos agroexportadores del mundo—. También es el corredor elegido por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países que junto con Argentina suscribieron en 1992 el acuerdo internacional que rige la navegación y el comercio en la región.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzará ahora hacia la adjudicación formal y la firma del contrato, que contempla inversiones estimadas en torno a los USD 10.000 millones, según informó la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo. A lo largo de los 25 años de concesión, el operador recibirá ingresos proyectados en USD 15.000 millones en concepto de peajes, con un ingreso promedio anual estimado en USD 618,6 millones.

Este proceso llega después de un primer intento fallido: en febrero de 2025, la licitación fue declarada nula por haber recibido una única oferta. La convocatoria actual, en cambio, generó competencia real entre dos de las empresas líderes del sector a nivel mundial.

El sector privado recibió con beneplácito el avance del proceso. La UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC, la Cámara de Puertos Privados y la de Actividades Portuarias subrayaron en un comunicado conjunto que por la hidrovía circulan el 80% de las exportaciones argentinas, el 95% del transporte de contenedores y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz, y reclamaron que no se pierda más tiempo para no comprometer la competitividad del país.

La hidrovía estuvo durante 25 años en manos de un consorcio integrado por Jan De Nul y la empresa argentina Emepa. Cuando ese contrato venció en 2021, el Estado tomó la administración directa y contrató a Jan De Nul para continuar con el dragado y el balizamiento. Con la nueva concesión, la operación volverá al sector privado bajo estrictas exigencias de inversión y supervisión estatal.

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