El jefe de la comisaría 5ª de Empalme Villa Constitución, Eduardo Ángel Quispe, quedó en prisión preventiva tras ser imputado como integrante de una organización dedicada al narcomenudeo y por participar en maniobras de extorsión. La causa también involucra a otras ocho personas señaladas como parte de la banda.
La investigación, encabezada por el fiscal Franco Carbone, sostiene que el funcionario policial cumplió un rol clave en el funcionamiento del grupo delictivo. Según la acusación, facilitó la actividad ilegal mediante acciones directas y omisiones, además de recibir dinero y otros beneficios a cambio de brindar protección.
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia realizada en los tribunales de Villa Constitución, Quispe habría utilizado su cargo para entorpecer investigaciones y filtrar información sensible sobre operativos, allanamientos y controles policiales, lo que permitía a los implicados anticiparse y evitar ser detenidos.
Uno de los hechos más graves que se le atribuyen es la extorsión al presidente comunal, Facundo Stizza. La Fiscalía detalló que, junto a otros integrantes de la banda, planificaron intimidaciones que derivaron en el pago de dinero por parte del funcionario. Incluso, según la investigación, el propio Quispe habría instado a exigir sumas mayores utilizando información personal para presionarlo.
El grupo estaba liderado por Gabriel Mazón, quien actuaba como nexo entre el jefe policial y el resto de los miembros. Entre los imputados también se encuentran su pareja, Celeste Traferri; su hermano Facundo; Ulises Cilifoni; Martín Goñi; y Eduardo Ventroni junto a sus hijos Brian y Jonathan, todos con distintos roles dentro de la estructura.
Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa revelaron cómo se concretaban los acuerdos ilegales con la policía. En uno de los diálogos, un integrante de la banda celebraba que, tras pagar, podía moverse sin ser perseguido.
La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados el 17 de abril, donde se secuestraron drogas, una balanza de precisión y otros elementos vinculados a la comercialización. En ese contexto también fue detenido Quispe, en cuyo domicilio se halló un arma de fuego.
Los nueve acusados fueron imputados por comercio organizado de estupefacientes. En el caso del jefe policial, se suman cargos por extorsión, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia ilegal de arma.
El juez Ignacio Vacca dispuso la prisión preventiva: algunos de los imputados permanecerán detenidos hasta el 19 de mayo, mientras que para el resto la medida se extenderá hasta el 31 de julio.
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