En un fuerte despliegue de seguridad que se extendió desde la noche del miércoles hasta las primeras horas de este jueves, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe concretaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad. El operativo surge como respuesta directa a los ataques a balazos y episodios de intimidación pública que mantuvieron en alerta a Rosario desde el pasado domingo.
Las medidas judiciales fueron solicitadas por la fiscal Paula Barros, integrante de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación se centra específicamente en reconstruir la cadena de responsabilidades de los hechos de violencia ocurridos entre la tarde del domingo y la noche del martes, los cuales habrían tenido como objetivo principal generar conmoción en la sociedad.
Durante los procedimientos, que contaron con la colaboración de fuerzas federales, se logró la detención de tres personas mayores de edad, sospechadas de tener participación directa en los ataques. Los allanamientos se concentraron en domicilios ubicados en Crespo al 3900, Mangrullo al 5200, Lamadrid al 0 y Pasaje 1758 al 2100. En uno de estos puntos, los investigadores identificaron como moradora a una empleada policial, cuya situación patrimonial y posible vinculación con los sospechosos ya forma parte del expediente.
Como resultado del registro de las viviendas, el personal policial secuestró teléfonos móviles, una motocicleta negra y un casco del mismo color que presenta una inscripción particular en su lateral izquierdo. Estos elementos son considerados piezas clave para la causa, ya que las características del vehículo coinciden con los registros fílmicos de algunos de los ataques investigados. Todo el material incautado será sometido a peritajes técnicos en las próximas horas.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al avance de la causa y ratificó la postura del Gobierno provincial frente a la criminalidad organizada. El funcionario sostuvo que, si bien hay aspectos de la investigación que permanecen bajo reserva, el Estado responderá con firmeza. «No vamos a aceptar que se reinstale una modalidad violenta en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe», sentenció de forma tajante.
Cococcioni vinculó estos hechos a la fragmentación de las bandas delictivas tras el endurecimiento de las condiciones de detención de sus cabecillas. Según explicó, tras el encarcelamiento de líderes bajo regímenes de alto perfil, persisten «remanentes» que intentan reorganizarse y disputar territorio, lo que deriva en conflictos puntuales pero de alto impacto público. Finalmente, el ministro subrayó que el único camino es la persecución penal: “No hay otra forma que llevar a todos los responsables ante la Justicia para que rindan cuentas de sus actos”.
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