Evo Morales enfrenta una compleja situación judicial en Bolivia, con múltiples causas abiertas por delitos que incluyen trata agravada de personas, estupro, sedición, terrorismo, fraude electoral y presuntos hechos de corrupción. Además, la Justicia lo declaró en rebeldía y mantiene órdenes de captura activas en su contra.
El ex mandatario permanece en el Chapare, su principal bastión político y cocalero, mientras sectores afines impiden su detención. Desde el gobierno boliviano lo señalan por haber impulsado protestas, bloqueos y episodios de violencia que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos en distintas regiones del país. Morales rechaza todas las acusaciones y denuncia una persecución política.
Una de las investigaciones más avanzadas se tramita en Tarija, donde la Fiscalía lo acusa de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su presidencia. Según el expediente, de ese vínculo habría nacido una hija en 2016.
También continúan abiertas las causas vinculadas a la crisis política de 2019, luego de las elecciones cuestionadas que derivaron en su salida del poder. Entre ellas aparece el denominado “caso audio”, en el que se analiza una supuesta conversación donde Morales habría coordinado bloqueos y cercos a ciudades.
Las denuncias por fraude electoral se originaron tras el informe de la Organización de los Estados Americanos, que detectó irregularidades en el proceso electoral de 2019 y recomendó repetir los comicios. Morales siempre negó esas acusaciones y sostuvo que fue víctima de un “golpe de Estado”.
A esto se suman antiguos escándalos por presunto tráfico de influencias y corrupción durante sus casi 14 años de gobierno, además de cuestionamientos por el manejo del Fondo Indígena y denuncias sobre supuesta protección al narcotráfico en el Chapare.
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