El Tribunal de Ética y Disciplina de COCIR se consolida como un filtro técnico clave dentro del sistema de control del ejercicio profesional inmobiliario. Así lo revela un informe elaborado por el propio organismo, que relevó la totalidad de las actuaciones tramitadas desde su creación hasta 2025: un total de 301 causas ingresadas.
El dato más saliente del informe es que el 54% de los expedientes no avanza a instancias formales: 107 fueron archivados y 56 desestimados tras un análisis preliminar de admisibilidad. Según el propio Tribunal, los casos archivados son aquellos en los que, luego del análisis inicial, no se verifica la existencia de una falta ética que amerite tratamiento formal.
Otro 18% de las causas se resuelve mediante mecanismos alternativos, como acuerdos conciliatorios, suspensiones de juicio a prueba o procedimientos abreviados, lo que refuerza el perfil institucional del organismo como promotor de soluciones consensuadas.
Crecimiento, estabilización y criterio técnico
El análisis histórico muestra que entre 2012 y 2016 se registró un crecimiento inicial en el ingreso de causas, seguido de una etapa de estabilización que coincidió con la aprobación del nuevo Reglamento del Tribunal en julio de 2015. Desde entonces, el promedio se mantiene en aproximadamente 21 causas anuales.
Para la presidenta de COCIR, Cristina Peracchia, los números hablan de una institución con criterio: «Esto es muy relevante, ya que habla de una institución que no se limita a sancionar, sino que evalúa con criterio la consistencia de cada denuncia. En términos prácticos, implica proteger tanto a los profesionales como al sistema en su conjunto de conflictos infundados o mal planteados».
Por qué importa en el contexto actual
El informe cobra especial relevancia en un escenario donde se debate la desregulación del sector inmobiliario. El funcionamiento del Tribunal demuestra que su intervención va más allá de la sanción: constituye una herramienta de control técnico, depuración institucional y fortalecimiento de la seguridad jurídica en la actividad inmobiliaria.
Los datos relevados muestran además una consolidación progresiva del sistema disciplinario, con criterios cada vez más definidos y procedimientos que garantizan equilibrio entre el debido control profesional y la razonabilidad en la actuación institucional.
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