El Gobierno nacional presentó este sábado en el Congreso de la Nación Argentina dos proyectos para reformar la Ley de Salud Mental y la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de retomar la iniciativa parlamentaria en las próximas semanas. Ambas iniciativas ingresaron por la Cámara de Senadores de la Nación Argentina.
La estrategia fue definida en una reunión en Casa Rosada encabezada por Karina Milei, junto al presidente de Diputados Martín Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. La decisión de iniciar el trámite en el Senado responde a la mayoría que el oficialismo logró consolidar en esa cámara.
Agenda parlamentaria en marcha
El oficialismo busca recuperar impulso político en el Congreso antes de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En ese marco, también analiza avanzar con otros proyectos, como la llamada “Ley Hojarasca” y la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La primera podría tratarse en comisión en los próximos días, con la intención de llevarla rápidamente al recinto si no surgen trabas en el debate. En tanto, la ley sobre propiedad privada continúa en discusión en el Senado, con objeciones de sectores opositores que cuestionan modificaciones introducidas tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger.
Qué propone la “Ley Hojarasca”
El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, busca eliminar entre 60 y 70 leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica.
La iniciativa apunta a simplificar el sistema normativo, reducir burocracia y eliminar regulaciones que, según el Ejecutivo, quedaron desactualizadas frente a cambios tecnológicos y sociales. También contempla modificaciones parciales a otras normas, como parte de un proceso más amplio de desregulación del Estado.
Propiedad privada y cambios en tierras incendiadas
Otro eje central es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone reforzar garantías jurídicas sobre los bienes particulares.
El proyecto plantea limitar la capacidad del Estado para expropiar, ampliar compensaciones a propietarios y agilizar desalojos en casos de ocupación o falta de pago.
Uno de los puntos más debatidos es la modificación del régimen sobre tierras afectadas por incendios. La iniciativa busca eliminar restricciones que hoy impiden cambiar el uso de esos terrenos durante décadas, lo que permitiría su venta o reconversión sin los plazos actuales.
Este aspecto genera polémica, ya que podría impactar en la prevención de incendios intencionales vinculados a fines inmobiliarios o productivos.
La discusión continuará en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto marcado por negociaciones políticas y revisiones técnicas.
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