El gobierno de Santa Fe derribó este jueves dos construcciones que funcionaban como búnkeres de venta de drogas en Villa Oculta, en la zona de Héctor Palacios al 3700, en Rosario. Según explicó la fiscal Mercedes Banchio, los inmuebles habían sido levantados en un terreno usurpado que pertenece al Estado provincial, y la investigación detectó un movimiento constante de personas en ambos lugares.
El operativo fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con estos dos derribos, ya son 95 las propiedades inactivadas en Rosario desde que comenzó a aplicarse la Ley de Microtráfico, a principios de 2024. En todo el departamento Rosario la cifra llega a 107, y en la provincia suma 157 durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
Denuncias de vecinos y un dron para seguir los movimientos
La investigación comenzó a partir de denuncias de vecinos, que advirtieron sobre el ingreso y la salida permanente de personas. Según la fiscal, esos movimientos eran compatibles con la venta de drogas al menudeo. El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó el aporte de quienes llamaron a la Central 911 y brindaron datos que llegaron a la Fiscalía. “Estos puntos de venta tenían un alto tránsito de personas y representaban un riesgo”, señaló.
Para reunir pruebas, los investigadores usaron un dron. “Sobrevolamos el lugar y captamos movimientos durante todo el día: las personas entraban y salían de estas dos construcciones. Cuando realizamos los allanamientos, encontramos mucho material de recorte”, relató Banchio. La fiscal también describió las condiciones precarias de los inmuebles, que no tenían agua potable, electricidad ni gas: en uno había una manguera conectada desde la calle, y adentro solo se encontraron colchones y baldes, sin baños. Según explicó, eso se debe a que las personas permanecían muy poco tiempo en el lugar.
No hay detenidos y la investigación sigue abierta
Banchio informó que, hasta el momento del operativo, no había detenidos. La fiscal aclaró que el derribo es parte de una investigación más amplia y que el primer objetivo fue identificar e inactivar los puntos de venta. “En una investigación tan amplia y en un contexto barrial, queríamos tener claro dónde estaba uno de los puntos neurálgicos de venta y empezar por intervenir de esta manera”, afirmó, y agregó que la meta de la reforma de microtráfico es “terminar con la actividad ilícita”.
Por su parte, Santantino sostuvo que estas intervenciones buscan desarticular espacios que afectan la vida cotidiana de los barrios. “No hay que confundir la precariedad del lugar con el daño que les producía a los vecinos de esta zona de la ciudad”, remarcó. Además, advirtió sobre el riesgo que implica el microtráfico por el aumento de la violencia y pidió que los vecinos sigan denunciando este tipo de lugares.


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