La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Manuel Adorni por conflicto de intereses, vinculado a contratos entre el Estado y la consultora de su esposa, Bettina Angeletti. «Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés«, expresa la demanda.
Pagano reveló que la consultora registra como clientes a otras empresas que mantienen vínculos contractuales significativos con organismos del Estado Nacional. Una de ellas es el Grupo Dacto, que presta servicios a una extensa lista de reparticiones públicas: entre ellas están ARCA, AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y Lotería Nacional. YPF también aparece entre las empresas. Esto suscitó alarma por una eventual superposición entre intereses privados y funciones públicas.
La demandante incluso comparó el caso con causas judiciales como «Hotesur» y «Los Sauces», al advertir sobre un esquema en el que empresas privadas vinculadas al entorno familiar de funcionarios reciben pagos de firmas que contratan con el Estado.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió o no incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.
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