Dos rosarinos fueron condenados por descargar, compartir y tener archivos digitales de abuso sexual infantil durante varios años. Uno de ellos recibió una pena mayor porque, además, fue considerado responsable de producir material original a partir de la filmación de un abuso sexual infantil intrafamiliar.
Los acusados, Germán F. y Carlos Ramón V., de 65 años, fueron juzgados este mes y recibieron penas de 5 y 11 años de prisión, respectivamente. El debate oral estuvo a cargo de la jueza Griselda Strólogo, mientras que la acusación fue sostenida por el fiscal Diego Meinero. Ambos hombres fueron asistidos por la defensa pública.
En el caso de F., la acusación sostuvo que utilizó el programa E-Mule, basado en una red P2P (peer to peer), para descargar y compartir con otros usuarios archivos con contenido de explotación sexual infantil que involucraban a menores de 13 años.
Según la investigación, los archivos fueron descargados en una carpeta de su computadora y compartidos cerca de 70.000 veces entre noviembre de 2021 y agosto de 2022. Para hacerlo habría utilizado distintas direcciones IP asignadas a su domicilio de 9 de Julio al 4000, en Rosario.
Además, durante un allanamiento realizado el 22 de noviembre de 2022, en el marco del operativo Luz de Infancia X, fueron secuestrados en su vivienda un pendrive con 497 archivos y un disco rígido con otros 51 archivos del mismo tipo.
V. también fue condenado por facilitar archivos de abuso sexual infantil mediante E-Mule. En su caso, la actividad fue registrada entre mayo de 2019 y julio de 2022, desde una computadora ubicada en su domicilio de Baigorria al 1400, en el norte de Rosario.
Pero su condena fue mayor porque la Fiscalía también acreditó que produjo material original de abuso sexual infantil. Según la acusación, utilizó una cámara fotográfica Panasonic DMC-F2 para registrar un abuso sexual infantil intrafamiliar.
El material fue encontrado en un pendrive de su propiedad. En ese dispositivo también había dos filmaciones caseras de abuso sexual infantil, por lo que se sumó la acusación por tenencia.
La investigación había comenzado a partir de allanamientos realizados en agosto de 2023 por la Dirección de Trata de Personas de la entonces Agencia de Investigación Criminal.
De acuerdo con la causa, las filmaciones originales habían sido realizadas entre 2012 y 2020 en un domicilio de Iriondo al 5600, en barrio Plata. En ellas también aparecía Gladys O., una mujer vinculada al expediente, quien fue condenada en 2025 a 10 años de prisión mediante un juicio abreviado.
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