La causa por el fraude con combustible dentro de la Unidad Regional II avanzó hacia una nueva etapa judicial luego de que el fiscal José Luis Caterina presentara la acusación formal y los pedidos de pena contra 19 policías y dos civiles involucrados en la maniobra.
Entre los principales acusados aparece el ex jefe de la URII, Daniel Acosta, para quien solicitaron 12 años de prisión, mientras que el mayor pedido recayó sobre su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, con una pena de 14 años. También fue acusada la empresaria Mónica Bianconi, dueña de la estación de servicio señalada como pieza clave de la maniobra, para quien pidieron ocho años de cárcel.
La investigación sostiene que entre mayo de 2023 y mayo de 2025 funcionó un esquema de sobrefacturación y cargas ficticias de combustible en la estación Gas Auto Tiferno, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, mediante el cual se desviaban fondos públicos destinados a móviles policiales.
Según la acusación, Acosta encabezaba la organización y Domínguez era quien controlaba la operatoria diaria y exigía retornos de dinero a distintas áreas policiales. La estructura también involucraba a jefes de secciones y encargados de carga dentro de la fuerza.
Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía figuran informes de GPS que detectaron cargas en patrulleros fuera de servicio, registros fotográficos de policías retirando sobres con dinero y el secuestro de millones de pesos, neumáticos robados y más de 300 tarjetas Visa Flota.
Actualmente, ocho ex jefes policiales continúan detenidos con prisión preventiva mientras la causa avanza hacia el juicio oral. Además, fuentes del caso señalaron que hay cuatro acuerdos abreviados en proceso, algunos vinculados a imputados colaboradores.
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