Los extranjeros que realicen un aporte de USD 350.000 al Estado o suscriban un bono público por USD 800.000 podrán solicitar la ciudadanía argentina a través del programa de Ciudadanía por Inversión impulsado por el Gobierno nacional.
El esquema establece dos vías de acceso: un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por USD 800.000 creado específicamente para el programa. En ambos casos, el desembolso no implica la obtención automática de la ciudadanía ni del pasaporte argentino. La solicitud deberá atravesar un proceso de evaluación y controles antes de que Migraciones tome una decisión.
Entre los aspectos que serán analizados figuran la identidad del postulante, el origen lícito de los fondos, su situación financiera y patrimonial, antecedentes penales, historial migratorio, reputación y eventuales riesgos vinculados con su jurisdicción de procedencia.
El programa también contempla la posibilidad de incorporar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal, siempre que se acredite el vínculo y se realicen los aportes correspondientes.
Para el cónyuge y los hijos solteros de entre 18 y 25 años, siempre que no tengan hijos, se establece un aporte adicional de USD 100.000 por persona. Para los hijos menores de 18 años, el monto será de USD 25.000.
De esta manera, el desembolso final dependerá de la composición del grupo familiar y de la alternativa elegida por el solicitante principal.
El mecanismo tiene un antecedente en la legislación argentina. La Ley de Ciudadanía 346, modificada en 2025, establece que los extranjeros pueden solicitar la naturalización, cualquiera sea el tiempo de residencia, cuando acrediten haber realizado una “inversión relevante” en el país. A su vez, dispone que el Ministerio de Economía debe determinar qué inversiones entran en esa categoría.
El esquema actual introduce una modalidad diferente respecto de la naturalización tradicional, ya que la inversión puede concretarse mediante las alternativas financieras establecidas para el programa, sin que el postulante deba necesariamente radicar una empresa o desarrollar por su cuenta un proyecto productivo.
El Decreto 524/2025 reglamentó el procedimiento para quienes realicen una inversión considerada relevante y estableció la intervención de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
La Agencia será la encargada de recibir las solicitudes y evaluar si la inversión cumple con los requisitos establecidos. Luego deberá elaborar un informe y recomendar a la Dirección Nacional de Migraciones la aprobación o el rechazo del pedido.
El decreto también contempla la intervención de organismos como la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, Renaper, la Secretaría de Inteligencia de Estado y otras dependencias públicas o privadas, según corresponda a cada caso.
Uno de los puntos centrales del programa es que el aporte económico habilitará a presentar la solicitud, pero no garantizará por sí mismo la ciudadanía.
Una vez completado el análisis, la Agencia deberá elevar un informe fundado a Migraciones. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá entonces 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si otorga o rechaza la ciudadanía.
El programa también abrió un debate sobre el atractivo internacional de la ciudadanía argentina y la importancia de los controles aplicados a los futuros postulantes.
En ese contexto, especialistas y exfuncionarios plantearon la necesidad de que el mecanismo cuente con controles adecuados sobre los antecedentes de quienes accedan a la nacionalidad y sobre el origen de los fondos. La rigurosidad de esos filtros será uno de los aspectos observados una vez que el programa comience a recibir solicitudes.
Otro de los puntos que genera dudas es el tratamiento tributario de quienes accedan a la ciudadanía mediante este mecanismo. En este punto es necesario diferenciar entre ciudadanía, residencia migratoria y residencia fiscal, ya que se trata de conceptos diferentes.
La obtención de la nacionalidad argentina no implica, por sí sola, que una persona pase automáticamente a ser residente fiscal del país. El tratamiento de sus ingresos, incluidos aquellos generados en el exterior, dependerá de las normas tributarias aplicables y de las circunstancias particulares de cada contribuyente.
Por eso, el alcance fiscal del programa será otro de los aspectos a observar a medida que avance su implementación.
El Gobierno anunció que el programa estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Antes de su puesta en funcionamiento deberán conocerse y aplicarse los detalles operativos del régimen, entre ellos las condiciones de las alternativas de inversión, los procedimientos administrativos y los controles que deberán atravesar los postulantes.
Por ahora, el esquema económico anunciado contempla USD 350.000 como aporte no reembolsable al Tesoro Nacional o USD 800.000 mediante un título público, además de los montos adicionales previstos para determinados familiares.
En definitiva, el dinero abre la posibilidad de presentar una solicitud, pero no supone la entrega automática de la ciudadanía argentina. El otorgamiento dependerá de la evaluación correspondiente y de la decisión final de la Dirección Nacional de Migraciones.
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