Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó este jueves para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por un monto cercano a los $19.350 millones.
Acompañado por un fuerte operativo de seguridad, Tapia optó por presentar un descargo por escrito y no respondió preguntas ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Al retirarse del edificio, el dirigente se limitó a declarar ante la prensa: “Cumplimos con lo que quería el juez”. Además, buscó desviar el foco hacia lo deportivo al mencionar la disputa por la sede de la próxima Finalissima: “España quiere que se juegue allá y yo quiero que se juegue en el Monumental”.
Tras la audiencia, la AFA emitió un comunicado oficial y Tapia reforzó su postura en redes sociales. Según la institución, no se cometió ningún delito, sino que se hizo uso de un «derecho acordado por el Estado» respecto a los plazos de pago.
La entidad subrayó que:
Las retenciones no afectaron los aportes del personal en relación de dependencia.
La deuda, correspondiente a los periodos 2024 y 2025 (IVA, Ganancias y Seguridad Social), fue regularizada mediante pagos en efectivo y planes de cuotas aceptados por el organismo recaudador.
El pago incluyó intereses resarcitorios, lo que, según la defensa, descarta cualquier sanción punitiva.
Desde la calle Viamonte apuntaron directamente contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), querellante en la causa, acusándola de omitir información relevante al juez y de iniciar una «campaña de desprestigio» contra el fútbol argentino.
Con la declaración de Tapia, se cerró la ronda de indagatorias que incluyó también al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quien ayer también solicitó su sobreseimiento bajo la «Ley de Inocencia Fiscal».
Ahora, el juez Amarante deberá resolver la situación procesal de toda la comisión directiva. Cabe destacar que, aunque el abogado de Tapia, Luis Charró, pidió el cierre de la causa por «inexistencia de delito», el planteo fue rechazado inicialmente y será analizado por la Cámara en lo Penal Económico en una audiencia fijada para el próximo 18 de marzo.
Este expediente representa la primera imputación formal contra el mandatario de la AFA en una causa de índole penal tributaria, un delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.
Seguinos