El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva serie de medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en sus operaciones con bitcoin y en reconstruir cómo creció su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti.
El pedido llega después de que Adorni presentara la documentación con la que intentó responder a las 20 dudas que había planteado la investigación. En ese escrito, su defensa sostuvo que el dinero que empezó a utilizar desde 2014 provenía de ahorros familiares acumulados antes gracias a la actividad profesional de ambos. Para comprobar esa explicación, el fiscal pidió analizar la situación económica del matrimonio desde que cada uno comenzó su vida laboral.
Qué información pidió el fiscal
Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el levantamiento del secreto fiscal de ambos, es decir, que se habilite el acceso a sus datos impositivos, que normalmente son confidenciales. En el caso de Adorni, el período abarca desde febrero de 1998 hasta diciembre de 2011, y en el de Angeletti, desde octubre de 2000. Así, la ARCA deberá enviar sus declaraciones juradas, las actividades que registraron, sus compras de dólares y si se adhirieron a algún blanqueo o moratoria.
Además, pidió a la ANSES la historia laboral completa de ambos, con sus aportes, empleadores y sueldos declarados; al registro automotor, los datos de los vehículos que tuvieron; y que se informe si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones, y con qué participación.
La prueba de los bitcoins
Según Adorni, sus operaciones con bitcoin justificarían los US$ 591.544,61 en efectivo que no había declarado previamente, además de parte de los gastos que quedaron bajo análisis. Por eso, el fiscal busca confirmar si las ocho billeteras digitales que mencionó le pertenecen realmente.
Junto con su escrito, la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, entregó un sobre cerrado y lacrado con las claves privadas de esas billeteras, para abrir solo ante un pedido judicial. Ahora, Pollicita convocó al abogado y a un perito de la defensa para que ingresen a cada billetera y firmen digitalmente un mensaje que les dará la Fiscalía. Esa firma solo puede generarla quien controla la billetera, por lo que funciona como prueba de titularidad. Después, técnicos de la Policía Federal harán una verificación criptográfica para confirmar el resultado en cada una de las ocho direcciones.
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