La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni avanza a paso firme en Comodoro Py. Este lunes, las acreedoras del Jefe de Gabinete ratificaron ante el fiscal Gerardo Pollicita los detalles de un préstamo de 100.000 dólares otorgado al funcionario bajo condiciones que la Justicia busca esclarecer.
Graciela Isabel Molina (comisario retirada) y su hija, Victoria María José Cancio, declararon durante más de tres horas en la Fiscalía Federal N° 11. Las testigos confirmaron que:
Monto y saldo: El préstamo original fue de 100.000 dólares en efectivo. Tras un pago de 30.000 dólares, Adorni aún adeuda 70.000 dólares.
Intereses: Se pactó un interés anual del 11%. Actualmente, el funcionario abona cuotas de 600 dólares mensuales.
Garantía: El Jefe de Gabinete puso como aval una hipoteca sobre su primer departamento en Parque Chacabuco.
La conexión entre las agentes y el funcionario fue la escribana Adriana Nechevenko, quien gestionó el negocio. La Justicia incorporó a la causa los chats de WhatsApp entre la escribana y las acreedoras como prueba del vínculo.
La sospecha de los investigadores es que ese dinero fue utilizado de inmediato para la compra de una propiedad en el club de campo Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según el expediente, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría depositado el efectivo en una sucursal del Banco Galicia para concretar la transferencia al vendedor del inmueble.
El foco de la causa se ampliará este miércoles con el testimonio de otras dos testigos clave: las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo. Ambas le vendieron a Adorni un departamento sobre la calle Miró, en el barrio de Caballito.
La operación genera interrogantes en la fiscalía debido a sus cláusulas:
Adorni pagó 30.000 dólares al momento de la escritura.
Mantiene una deuda de 200.000 dólares con las vendedoras (hipoteca entre privados).
El saldo debe cancelarse en noviembre de este año, pero con el beneficio de interés cero.
Para reconstruir la ruta del dinero, el juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras. Se solicitó a la ARCA (ex AFIP) un informe detallado sobre la capacidad económica de todos los involucrados para justificar estos movimientos.
La Justicia busca determinar si las policías y las jubiladas tenían el respaldo patrimonial para financiar al funcionario y por qué se otorgaron créditos en condiciones que, a priori, parecen alejadas de la lógica del mercado financiero.
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