El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la AMIA, cometido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos. La decisión figura en una resolución de 648 páginas y fija además un embargo de 500 millones de dólares para cada imputado. Casi tres décadas y media después, la causa avanza sobre un ataque que conmovió a todo el país.
Un proceso que sigue pese a la rebeldía de los acusados
El avance fue posible por la aplicación de la Ley N° 27.784, que regula el juicio en ausencia. Esta herramienta permite que el expediente continúe aunque los sospechosos estén prófugos en el exterior, con su derecho de defensa garantizado a través de un defensor oficial.
Rafecas firmó los procesamientos como subrogante del Juzgado Federal N° 6, función que dejará en octubre.
La decisión política de Irán y el brazo operativo de Hezbollah
Según las pruebas reunidas por la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el atentado empezó a planificarse en agosto de 1993. El magistrado concluyó que la cúpula del régimen iraní resolvió llevar adelante el ataque y encomendó la ejecución a Hezbollah, la organización armada proiraní con base en el Líbano.
Para cumplir con esa tarea, Hezbollah armó una red de apoyo local y regional que actuó desde la Triple Frontera, la zona que une Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
Los días previos a la explosión
La resolución reconstruye la secuencia con precisión:
- El domingo 10 de julio de 1994, los responsables compraron una camioneta Renault Trafic.
- El viernes 15 de julio, a las 18, el vehículo ya estaba preparado y cargado con 300 kilos de amonal y TNT.
- La camioneta quedó estacionada en un garaje público a cuatro cuadras de la mutual hasta la mañana del lunes 18.
Ese día fue elegido para detonarla porque el movimiento de personas en el edificio era muy alto, lo que permitía maximizar el daño.
Los delitos atribuidos
Rafecas encuadró los hechos como homicidios y lesiones reiterados, agravados por odio racial o religioso y cometidos con un medio capaz de generar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. También calificó el atentado como crimen de lesa humanidad y como genocidio.
Quiénes fueron procesados
La resolución distingue los roles de acuerdo con el grado de participación.
Autores mediatos. Son cuatro exfuncionarios que, desde el poder del Estado iraní, tomaron las decisiones y facilitaron la logística para los ejecutores en el terreno:
- Alí Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia.
- Alí Velayati, canciller en aquel momento.
- Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria.
- Ahmad Vahidi, jefe de la fuerza Al Quds, cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria.
Cómplices necesarios. Son tres personas que dieron un apoyo indispensable desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local:
- Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina.
- Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la embajada de Irán.
- Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
Además, fue procesado Salman Raouf Salman (también conocido como Samuel El Reda), integrante libanés de Hezbollah a quien se le atribuye la coordinación operativa de la etapa final del atentado en Buenos Aires.
Falta de mérito y acusados fallecidos
El juzgado dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. En cambio, no se pronunció sobre la situación de tres imputados ya muertos: el líder supremo iraní Alí Khamenei (2026), el jefe militar de Hezbollah Imad Mughniyeh (2008) y el libanés Alí Hussein Abdallah (2020).
La semana pasada, Rafecas había sumado a la lista de imputados que pueden ser juzgados en ausencia al jerarca iraní Alí Asghar Hejazi, colaborador cercano de Khamenei. Hejazi fue imputado y citado a indagatoria en abril, y desde entonces pesa sobre él una orden de captura internacional. Khamenei había sido asesinado el 28 de febrero en un ataque coordinado por Estados Unidos e Israel.
El vínculo con el atentado en Panamá
El juez también dio por probado que el ataque a la AMIA fue coordinado con otro atentado cometido al día siguiente en Panamá: un terrorista suicida hizo estallar un avión comercial y murieron tres tripulantes y 17 pasajeros, entre ellos 12 integrantes de la comunidad judía panameña.
Cuatro días después, Hezbollah reivindicó ambos hechos desde el Líbano bajo el nombre de fachada “Ansar Allah”. La justicia de Panamá mantiene abierta su propia investigación y intercambia información con los tribunales argentinos.
Qué viene ahora
Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia para que analice una posible conexión con la causa por el atentado a la Embajada de Israel de 1992. La medida se apoya en un dictamen de Basso, para quien ambos ataques fueron ejecutados por Hezbollah.
El defensor oficial, Hernán Silva, puede apelar el procesamiento y los embargos. Si las instancias superiores confirman el fallo, el juzgado podrá pedir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para enviar el expediente a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que es el objetivo de la ley de juicio en ausencia.
Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente resolver un planteo sobre la validez constitucional del juicio en ausencia. El 10 de septiembre se realizó una audiencia para escuchar a las partes antes de dictar sentencia.
Seguinos