El mercado inmobiliario de Rosario atraviesa un momento crítico en este primer tramo de 2026. Así lo confirmó Ariel D’Orazio, referente del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos y subdirector de la Oficina Municipal del Consumidor, durante una entrevista brindada a Escenario Mercenario.
Las cifras oficiales reflejan un panorama complejo: las gestiones por dificultades para afrontar la vivienda subieron un 40% entre enero y junio, alcanzando un incremento del 60% interanual. A esta disparada de consultas se le suma un dato alarmante proveniente del sector inmobiliario privado (Cocir), que indica que la mitad de las agencias de la ciudad debieron cancelar contratos por falta de pago.
Según detalló D’Orazio, la imposibilidad de afrontar el valor del alquiler no ocurre de un día para otro, sino que responde a un proceso progresivo de sobreendeudamiento. La secuencia habitual comienza cuando la persona deja de abonar la Tasa General de Inmuebles, continúa con la acumulación de deuda en las expensas y desemboca finalmente en la mora del canon mensual.
Ante la imposibilidad de convalidar los incrementos indexados fijados en los acuerdos, un volumen creciente de inquilinos acude a la repartición pública buscando vías para rescindir el vínculo contractual de manera anticipada o para negociar deudas que ya arrastran varios meses de retraso.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el funcionario es la inédita duplicación de consultas por parte de los garantes en comparación con el año anterior. Si bien la aparición de fiadores buscando orientación es un fenómeno recurrente en periodos de turbulencia económica, la frecuencia actual resulta sumamente llamativa.
«La intervención de los garantes suele ser el último eslabón de una crisis apremiante. Cuando la inmobiliaria intima a quien prestó su fianza, es porque el inquilino agotó de verdad sus posibilidades de pago, más allá de la voluntad que tenga», sintetizó D’Orazio.
Frente a estas intimaciones, desde la Oficina del Consumidor se trabaja en la mediación para acordar planes de pago financiados y evitar la instancia judicial, un proceso sumamente costoso que genera perjuicios económicos severos para todas las partes involucradas.
El desfasaje entre la actualización constante de las locaciones —que suelen ajustar su valor cada tres o cuatro meses— y el estancamiento de los ingresos explica en gran medida esta dinámica. En ese sentido, D’Orazio remarcó que el problema afecta de manera crítica a dos franjas poblacionales concretas.
Por un lado, los adultos mayores sufren el descalce entre sus haberes jubilatorios y el costo ininterrumpido de las expensas. Por el otro, los jóvenes insertos en el mercado laboral informal enfrentan una caída directa en sus ingresos mientras el valor del contrato continúa en ascenso.
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