El fiscal federal Gerardo Pollicita envió el requerimiento de justificación patrimonial en la causa que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El documento contiene 20 preguntas concretas dirigidas al exfuncionario y representa el siguiente paso de la investigación tras el informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
Según el expediente, el cruce entre ese análisis técnico y las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales —públicas, reservadas y sus rectificativas— permitió detectar las inconsistencias que motivaron el pedido de explicaciones.
La fiscalía le dio a Adorni un plazo de 15 días para justificar el incremento de su patrimonio. La medida abarca los aumentos, compras y desembolsos reconstruidos que, comparados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no tienen hasta el momento una explicación suficiente.
El requerimiento se elaboró a partir del análisis patrimonial y financiero de la DAFI sobre Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Ese estudio detectó inconsistencias en la evolución de ambos patrimonios, aunque no arrojó una cifra concreta sobre un eventual desbalance.
El informe había sido pedido por Pollicita para reconstruir la evolución patrimonial de la pareja desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, y el fiscal trabajó incluso durante la feria judicial para completarlo. Por su carácter, muchos lo describen como una «indagatoria blue».
El objetivo del informe era reunir elementos suficientes para determinar si existía un desbalance que ameritara pedirle explicaciones a Adorni antes de seguir avanzando con la causa.
Qué deberá explicar Adorni
Entre los 20 puntos que deberá responder se destacan:
- El origen de los dólares en efectivo declarados en sus Declaraciones Juradas.
- La existencia y el respaldo de préstamos (mutuos) con dos familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.
- La fuente de los fondos usados para comprar una camioneta Jeep.
- El origen del dinero destinado a la compra del lote 380 del Country Indio Cua y a su remodelación, que incluyó un pago de US$245.000 a un contratista.
- El origen de los fondos usados para comprar y amueblar el inmueble de Miró 550, parte de ello pagado en dólares y en efectivo.
- El detalle de su operatoria con criptoactivos, en particular el origen del capital con el que dice haber invertido en Bitcoin —unos US$200.000, según trascendió—.
- Cómo concilia sus gastos y movimientos financieros con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
- Explicaciones sobre comprobantes y facturas por varios millones de pesos que no pudieron conciliarse con sus tarjetas, cuentas bancarias o pagos digitales.
- El motivo por el que terceras personas figuran como usuarias adicionales de sus tarjetas y quién afrontó esos consumos.
- El origen de los fondos aplicados a las mejoras de sus propiedades y el criterio usado para valuarlas.
Cómo se armó el informe técnico
El trabajo de la DAFI incluyó un análisis individual de Adorni y Angeletti, además de una evaluación consolidada del grupo familiar, repasando bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada período investigado.
El organismo debía además diferenciar los ingresos con respaldo documental de aquellos movimientos que no constituyen nuevas fuentes de dinero —como transferencias entre cuentas propias, préstamos, ventas de activos o conversiones de moneda—, y reconstruir las entradas y salidas de fondos vinculadas a compras, gastos y pagos de deudas.
También se compararon las distintas declaraciones juradas y sus rectificaciones, buscando identificar cambios en la valuación de bienes y su impacto en la evolución patrimonial.
El caso Punta del Este
En paralelo, se tramita otro expediente vinculado con un viaje a Punta del Este que Adorni realizó durante el feriado de Carnaval, en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. Esa investigación busca establecer quién pagó el traslado y el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
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