Lo que inicialmente fue reportado como una tragedia accidental dentro de una vivienda, se ha transformado en una investigación por homicidio premeditado. Los familiares de Rosalía Yamila La Roza, la agente de la Policía Federal baleada el pasado 21 de marzo, emitieron un fuerte comunicado exigiendo justicia y denunciando la «agonía» de la espera procesal.
En las primeras horas del hecho, la hipótesis principal sugería que Rosalía había muerto tras un disparo accidental durante un forcejeo con su hijo de 15 años. Sin embargo, la pesquisa dio un vuelco determinante gracias a dos pruebas clave:
Evidencia digital: En el celular del adolescente se habrían encontrado conversaciones previas donde manifestaba su deseo de asesinar a su madre, lo que sustenta la teoría de la premeditación.
Pericias forenses: Los informes confirmaron que la mujer recibió el impacto de bala en la zona craneal desde atrás, lo que descarta por completo la versión de una lucha física entre ambos.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el entorno de la agente de la PFA expresó su dolor y su respeto por la reserva de la Investigación Penal Preparatoria, aunque reclamaron mayor dinamismo.
«Elegimos hablar con la serenidad de quien confía, pero con la herida abierta de quien espera. Detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendario», manifestaron.
Debido a que el presunto autor tiene 15 años, es considerado no punible por la ley argentina. Actualmente, el menor ha sido apartado de Villa Gobernador Gálvez y trasladado a una institución fuera del departamento Rosario tras una audiencia informativa.
Ante esta situación, la familia exigió tres puntos fundamentales a las autoridades judiciales:
Celeridad: Aplicación de los estándares del nuevo sistema penal juvenil para evitar dilaciones.
Responsabilidad técnica: Máxima eficiencia de los intervinientes dada la gravedad del hecho.
Vigencia de la Ley 27.801: Garantizar que el acceso a la justicia para Rosalía sea efectivo y pleno.
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