El fiscal federal Gerardo Pollicita ha dado un paso firme en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. A través de una nueva batería de medidas, la fiscalía busca reconstruir el patrimonio del funcionario y determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir bienes y financiar viajes internacionales.
Uno de los puntos más oscuros de la investigación se centra en un departamento de casi 200 metros cuadrados ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito. La Justicia detectó una serie de transacciones sospechosas en un lapso de pocos meses:
Abril de 2025: El exfutbolista Hugo Morales le vendió la propiedad a dos jubiladas por 200.000 dólares.
Noviembre de 2025: Esas mismas mujeres le vendieron el inmueble a Adorni por 230.000 dólares.
La sospecha: Según el expediente, Adorni solo habría desembolsado 30.000 dólares en efectivo. El resto se habría cancelado mediante un crédito hipotecario otorgado —inusualmente— por las propias vendedoras jubiladas.
Debido a esto, Pollicita citó a declarar como testigo a Hugo Morales para este martes vía Zoom, mientras que la escribana Adriana Nechevenko, responsable de la escritura, comparecerá el miércoles.
La fiscalía no solo investiga ladrillos. Otro eje central es el flujo de viajes al exterior de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal solicitó informes urgentes a la Dirección Nacional de Migraciones, la ANAC y diversas aerolíneas para obtener:
Itinerarios completos y reservas de hotel.
Medios de pago utilizados y facturación de equipaje.
Detalles de un presunto viaje a Aruba en diciembre de 2024.
El objetivo es determinar si los gastos son compatibles con los ingresos que el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción.
La denuncia original, presentada por la diputada Marcela Pagano, señala que Adorni habría omitido declarar activos financieros y depósitos en el exterior. Además, la fiscalía pidió el historial de dominio de otras propiedades vinculadas al funcionario en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), Parque Chacabuco y La Plata.
A este complejo frente judicial se le suma una causa paralela: la investigación por un vuelo privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. Se sospecha que el costo fue cubierto por un empresario con intereses en la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita del jefe de Gabinete.
Ambos expedientes tramitan en los tribunales de Comodoro Py bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo.
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