El Concejo Municipal de Rosario retomará esta semana el debate sobre la prohibición de los cuidacoches, luego de que la reunión del miércoles pasado terminara sin definiciones y en medio de tensiones políticas entre los bloques. Las comisiones volverán a encontrarse el miércoles 18 para seguir analizando la propuesta del Ejecutivo.
El tratamiento está en manos de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, y Convivencia y Seguridad Ciudadana, que estudian el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial Nº 14.486. La iniciativa busca sumar al Código de Convivencia local la prohibición de ofrecer lugares para estacionar o de cuidar, lavar y limpiar vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otros beneficios.
En el último encuentro hubo coincidencias entre distintos sectores sobre la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con quienes realizan la actividad, y de impulsar programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral. Sin embargo, no se alcanzaron acuerdos sobre los mecanismos para llevar adelante esas medidas.
El pedido de Javkin y las propuestas de los bloques
Este lunes, el intendente volvió a pedirle al Concejo que avance con la adhesión y marcó una diferencia entre los casos que considera extorsivos y las situaciones de vulnerabilidad. “Una cosa es el trapito y la actividad extorsiva, que hay que prohibir y combatir, y otra cosa es la situación de una persona que está en la calle, y a lo mejor por adicciones o consumo necesita un tratamiento distinto”, sostuvo.
Durante la reunión de la semana pasada, la concejala Sabrina Prence presentó una serie de cambios al proyecto original para reforzar el abordaje social. Entre ellos propuso un protocolo de actuación, un registro de antecedentes para los casos de reincidencia, canales de denuncia a través del 911, el 147 y Munibot, campañas de difusión y una mayor coordinación con la Provincia en las intervenciones policiales.
La edila también planteó que las multas no se apliquen a quienes no tengan recursos para pagarlas, aunque sí a las personas con capacidad económica. Además, sugirió medidas de acompañamiento e inserción laboral, en especial para quienes están en situación de calle, y aclaró que buscó reunir los aportes de los distintos bloques para que los cambios no quedaran identificados como una iniciativa propia.
Por su parte, Fabrizio Fiatti, de Unidos por Rosario, pidió contar con el documento para continuar el análisis. El concejal insistió en tres ejes: establecer la prohibición, definir cómo se aplicarán las sanciones a nivel local y garantizar un abordaje social. También consideró que el artículo sobre el régimen de excepciones no es una prioridad en esta instancia.
Qué establece la ley provincial
La ley 14.486, promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorporó al Código de Convivencia sanciones específicas para la actividad. Entre ellas figuran el trabajo comunitario, el arresto en casos de reincidencia y penas más duras cuando hay amenazas, violencia u organización. Para que el nuevo régimen rija en cada ciudad, los municipios deben adherir mediante una ordenanza.
En Rosario, el Ejecutivo sostiene que la aprobación permitirá además firmar un convenio con la Provincia y coordinar operativos entre agentes municipales y policías. El oficialismo apunta a lograr la adhesión antes de fin de año, aunque el debate sigue marcado por las diferencias sobre las sanciones, las excepciones y el alcance de las políticas de inclusión social.


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