El camarista Javier Beltramone ratificó la absolución de Pablo Barra. El fallo no solo limpia el nombre del acusado, sino que lanza una dura advertencia sobre el accionar de psicólogas denunciadas por elaborar informes falsos en Rosario.
Lo que comenzó en 2018 como una denuncia por supuesto abuso sexual terminó este miércoles con una confirmación de inocencia que llega tarde para el vínculo familiar. Pablo Barra estuvo más de siete años sin contacto con su hija, basado en una imputación que, según dos instancias judiciales, nunca tuvo pruebas sólidas.
La resolución del Dr. Beltramone dejó firme la absolución que ya había dictado en primera instancia el juez Pablo Pinto. El caso tomó un giro inesperado la semana pasada cuando la querella —la parte denunciante— decidió, de manera llamativa, desistir de la apelación y no presentarse a la audiencia.
El fallo de segunda instancia fue inusualmente crítico con el manejo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El camarista cuestionó:
Falta de sustento: La Fiscalía Regional reabrió la causa tras un archivo previo sin «fundamentación suficiente».
Informes viciados: Se utilizó como prueba clave el informe de la psicóloga P.B., una de las profesionales hoy investigadas por realizar, presuntamente, informes falsos para desvincular a padres de sus hijos.
«No se trata de un supuesto aislado, sino de una modalidad de actuación reiterada», sentenció Beltramone respecto a las pericias psicológicas presentadas.
El magistrado advirtió que estas «malas prácticas» en el fuero penal tienen un efecto devastador en el fuero de Familia. Al sostenerse imputaciones sin evidencia real, se bloquean las revinculaciones afectivas, dañando directamente a los menores involucrados.
«Hoy no hay una Justicia que alcance para mi hija», lamentó Barra en declaraciones a De 12 a 14 (El Tres). El hombre describió su proceso como un «calvario» marcado por demoras sistemáticas y una profunda soledad institucional.
La situación de Barra es la punta del iceberg de una denuncia mayor radicada en septiembre pasado por un equipo de abogados de renombre (Viviana Cosentino, Juan Lewis, Carina Lurati y José Nanni).
La acusación contra tres psicólogas (P.B.A., G.R.S. y N.V.A.) sostiene que las profesionales:
Utilizaban descripciones idénticas y copiadas de forma textual para diferentes niños.
Funcionaban como «formularios prearmados» para forzar restricciones de acercamiento.
Emitían diagnósticos sin entrevistar a los padres acusados.
La causa penal contra las profesionales de salud mental está a cargo de la fiscal Guillermina Aiello, quien recientemente sumó la colaboración de las fiscales Guillermina Torno y Bárbara Glikman. A pesar de los pedidos de la defensa para apartar a Aiello por supuesta falta de celeridad, el fiscal regional Matías Merlo la ratificó al frente de la investigación que busca determinar el alcance de este presunto esquema de falsas denuncias en Rosario.
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