La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado y que genera fuerte debate por sus implicancias ambientales y productivas.
La iniciativa propone modificar el régimen vigente para redefinir qué áreas quedan protegidas. En ese sentido, establece que solo estarán alcanzados por la ley aquellos glaciares y zonas periglaciares que cumplan una “función hídrica efectiva”, es decir, que sean relevantes como reservas o proveedores de agua.
Uno de los cambios centrales es que se otorga mayor protagonismo a las provincias, que pasarán a tener un rol clave en la determinación de qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y en cuáles podrían habilitarse actividades productivas.
En la práctica, esto abre la puerta a la posibilidad de desarrollar actividades extractivas, como la minería, en zonas que hasta ahora estaban alcanzadas por restricciones más amplias dentro de la normativa vigente.
El proyecto original obtuvo media sanción en el Senado a fines de febrero, tras un debate con posiciones divididas, y fue girado a Diputados para su tratamiento definitivo.
Durante su discusión, la reforma generó cuestionamientos por parte de especialistas y sectores ambientalistas, que advierten sobre el posible impacto en las reservas estratégicas de agua dulce y en el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña.
Con este escenario, la definición en Diputados se presenta como un paso clave para el futuro de una ley considerada central en la política ambiental argentina, en medio de tensiones entre el desarrollo económico y la preservación de recursos naturales.
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