La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, reafirmó la decisión política de prohibir la actividad de los denominados «trapitos», desestimando la propuesta de la Iglesia de regular la práctica para evitar el impacto social. «Estamos decididos a no permitir más la extorsión; es una actividad ilegal», sentenció la funcionaria.
Schmuck reconoció el diálogo con las instituciones eclesiásticas, pero marcó una clara diferencia en el abordaje del conflicto. Si bien admitió compartir la preocupación por el aumento de la pobreza en la ciudad, fue tajante respecto a la metodología:
«Escuchamos la posición de la Iglesia, pero el Estado debe estar a la altura. Hay una ley provincial que dará herramientas a la Policía y a Control Urbano para intervenir. Ninguna situación de vulnerabilidad o adicción puede justificar la violencia contra el ciudadano».
La titular del Palacio Vasallo identificó los puntos donde la problemática es más acuciante: el macrocentro, Pichincha, Avenida Pellegrini y la zona del barrio Hospitales. En estos sectores, se espera que el despliegue de las fuerzas de seguridad sea más riguroso una vez que el marco legal entre en plena vigencia.
Por otro lado, Schmuck respaldó la implementación de perímetros de seguridad alrededor de las canchas de fútbol. El objetivo de esta medida es cortar el financiamiento de las barras bravas, cuyos negocios suelen basarse en la coacción y el control del espacio público durante los días de partido.
Finalmente, la concejala oficialista destacó que la solución a la pobreza —problema que calificó como «estructural del país»— requiere de una estrategia conjunta. «No es un problema que el Estado pueda abordar solo. Lo estamos haciendo entre Provincia y Municipio, coordinando Seguridad con Desarrollo Social y organizaciones territoriales para asistir a quienes más lo necesitan con mayor eficiencia», concluyó.
Seguinos