La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma que incorpora sanciones para los padres o tutores de alumnos que participen en situaciones de acoso escolar. La medida contempla desde multas económicas y tareas comunitarias hasta 30 días de arresto en los casos en que los adultos responsables no colaboren para abordar el problema.
La iniciativa modifica el Código Contravencional provincial y marca un cambio en la forma en que las autoridades buscan enfrentar el avance del bullying en las escuelas.
Qué establece la nueva reforma
Según se explicó durante el debate legislativo, la norma no prevé una aplicación automática de penas de arresto, sino que apunta principalmente a que las familias asuman un rol activo frente a los episodios de violencia escolar.
La diputada Socorro Villamayor remarcó en el recinto que el objetivo no es castigar de entrada, sino lograr un compromiso real de los adultos responsables cuando exista una denuncia o una notificación formal por parte de la escuela.
De esta manera, si se detecta un caso de acoso escolar, los tutores deberán presentarse ante la Justicia y cumplir con las medidas que se dispongan, que podrán incluir:
- Multas económicas
- Tareas comunitarias
- Tratamientos psicológicos
- Arresto, como última instancia
En ese sentido, el arresto podrá evitarse si el adulto demuestra predisposición para intervenir y colaborar con la resolución del conflicto.
Buscan que las familias no se desentiendan
Uno de los ejes de la reforma es evitar que, frente a una advertencia o denuncia de la escuela, los padres ignoren la situación o no tomen medidas para frenarla.
La iniciativa, que había sido presentada originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue debatida en la Legislatura, recibió modificaciones y finalmente fue aprobada. Ahora, el texto quedó en manos del Poder Ejecutivo provincial, que deberá avanzar con su promulgación.
Preocupación por el aumento de la violencia escolar
Durante el tratamiento parlamentario, distintos legisladores advirtieron sobre el agravamiento de los hechos de violencia dentro de los entornos escolares y coincidieron en la necesidad de actualizar las herramientas legales para proteger a niños y adolescentes.
En ese marco, se mencionaron casos graves ocurridos en otras provincias, que reavivaron el debate sobre la responsabilidad de los adultos y los mecanismos de prevención frente al bullying.
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