La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF y le dio a la Argentina una victoria judicial clave en una de las causas económicas más sensibles de los últimos años.
Con esta decisión, el país evita por ahora pagar más de US$16.100 millones, monto que había sido fijado en la condena dictada en primera instancia. Además, el tribunal también dejó sin efecto la orden vinculada a la entrega de acciones de YPF y ratificó que la petrolera no debía ser considerada responsable dentro del proceso de estatización.
De todos modos, el expediente todavía no está completamente cerrado, ya que las partes aún tienen la posibilidad de intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La reacción de Milei
Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei celebró la resolución en redes sociales y la calificó como un hecho sin precedentes. “Ganamos el juicio de YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, sostuvo que se trata del “mejor escenario posible” y aseguró que el resultado implica que la Argentina no deberá pagar nada de los aproximadamente 18 mil millones de dólares que había alcanzado la demanda con intereses.
Además, definió el fallo como “el mayor logro jurídico de la historia nacional” y cerró su publicación con la sigla “TMDP” (“todo marcha de acuerdo al plan”), una expresión que suele utilizar para respaldar el rumbo de su gestión.
Qué discutía la causa
El juicio se originó a partir de la estatización del 51% de las acciones de YPF> en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado avanzó sobre la participación que estaba en manos de la española Repsol.
Los demandantes fueron los fondos Eton Park y Burford Capital, este último dedicado al financiamiento de litigios, que adquirió los derechos para impulsar la demanda luego de la quiebra de las empresas del grupo Petersen. La discusión judicial giró en torno a si la Argentina debía haber realizado una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas al momento de la expropiación.
Según trascendió, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson habían escuchado en octubre pasado los argumentos de las partes, en una audiencia clave para definir el futuro del caso.
Un fallo con fuerte impacto económico y político
La resolución representa un alivio financiero enorme para el Estado argentino, ya que la condena original se había convertido en una amenaza de alto impacto sobre las cuentas públicas. De acuerdo con los argumentos presentados por la defensa argentina, el pago reclamado equivalía a una porción muy significativa del presupuesto nacional.
En ese contexto, el pronunciamiento de la Cámara no solo tiene efectos jurídicos, sino también consecuencias políticas y económicas en medio del intento del Gobierno por estabilizar las variables macroeconómicas.
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