La Justicia de Rosario busca acelerar la causa que investiga a tres psicólogas por la presunta confección de informes falsos de abuso infantil. Ante la complejidad del caso, el fiscal regional Matías Merlo confirmó por escrito el refuerzo del equipo de trabajo, incorporando a las fiscales Guillermina Torno y Bárbara Glikman para colaborar con la Dra. Guillermina Aiello.
Si bien un grupo de abogados denunciantes había solicitado el apartamiento de Aiello alegando falta de «celeridad», Merlo rechazó el pedido al considerar que no existen motivos que afecten su objetividad, optando en cambio por robustecer la estructura investigativa.
La denuncia, que tomó estado público la semana pasada, apunta contra las profesionales P.B.A., G.R.S. y N.V.A. Según los abogados querellantes —entre los que se encuentran el exministro de Justicia Juan Lewis y la ex camarista Carina Lurati—, las psicólogas operaban bajo una modalidad de asociación ilícita.
El punto más alarmante de la acusación señala que los informes presentados en sede judicial contenían observaciones textualmente idénticas para distintos pacientes. Según los letrados:
Se utilizaban «formularios prearmados» sin rigor técnico.
Se omitía el consentimiento o la entrevista con los padres denunciados.
Los relatos de los niños presentaban coincidencias terminológicas imposibles de ignorar.
«Existen personas que estarían lucrando con esta situación, emitiendo informes que se asemejan más a una plantilla que a un análisis serio de cada problemática», sostuvieron desde la querella.
Uno de los expedientes más emblemáticos es el de Pablo Barra, quien pasó siete años sin ver a su hija basándose en estos informes, hasta que fue absuelto en primera instancia. La revisión de su fallo está prevista para este viernes bajo la tutela del camarista Javier Beltramone.
El abogado penalista José Nanni advirtió que, tras un relevamiento propio, ya han detectado ocho casos confirmados con este patrón de irregularidades y tienen otros 15 en proceso de análisis. El objetivo de estas maniobras, según la denuncia, sería sostener acusaciones falsas para privar sistemáticamente a los padres del contacto con sus hijos.
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