La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares trajo a la opinión pública un concepto poco conocido por el común de la población: el ambiente periglacial. Organizaciones ambientales y especialistas sacaron este tema al debate público ya que, en la reforma aprobada anoche, se “flexibiliza” la protección de estos espacios, claves para la provisión de agua dulce.
Estas zonas —formadas por suelos congelados en áreas cercanas a los glaciares— cumplen una función esencial: regular y almacenar agua dulce que luego alimenta ríos y cuencas. Por eso, la legislación vigente hasta ahora las incluye dentro de las áreas protegidas junto a los glaciares.
Sin embargo, el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno y aprobado anoche en Diputados introduce cambios que impactan directamente sobre estos territorios. Entre los principales puntos, se establece que solo quedarán protegidas aquellas geoformas que tengan una “función hídrica efectiva” comprobable, lo que reduce el alcance de la protección actual.
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Además, la reforma propuso trasladar a las provincias la potestad de definir qué zonas periglaciares deben ser protegidas, lo que podría generar criterios distintos según cada jurisdicción.
La discusión
Este cambio es uno de los aspectos más discutidos. Especialistas y organizaciones ambientales advierten que el sistema vigente protegía de forma integral estos territorios, mientras que la nueva normativa abre la puerta a actividades como la minería en áreas que antes estaban restringidas.
De hecho, el Congreso ya avanzó con la aprobación de la reforma, en una decisión que busca fomentar inversiones en sectores como el minero, pero que generó fuerte rechazo en parte de la comunidad científica y ambientalista, como así también de una porción de la población.
En ese contexto, el ambiente periglacial se convirtió en el eje del debate: no solo por su valor ambiental, sino porque de su protección depende una parte significativa del agua dulce disponible en Argentina, especialmente en regiones donde este recurso es escaso.
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