Mientras se multiplican las advertencias sobre su impacto en adolescentes, el debate sobre su regulación gana terreno. Entre riesgos comprobados y un uso cada vez más extendido, la discusión ya no es si afectan, sino hasta dónde regularlas.
Por Romina Batallés.
El consumo de cigarrillos se convirtió, en su época dorada (los años 60), en un símbolo de estatus, aspiración e incluso bienestar, no muy distinto del lugar que inicialmente ocuparon, de manera aparentemente inocua, las redes sociales. Está ampliamente documentado que estas plataformas promueven un uso adictivo: su propio diseño incorpora mecanismos que estimulan la liberación inmediata de dopamina y refuerzan el impulso constante de revisar qué está pasando.
En el caso del tabaco, con el paso del tiempo, y especialmente hacia la década del 90, los primeros estudios epidemiológicos comenzaron a revelar efectos colaterales, entre ellos los vinculados al cáncer de pulmón. Su expansión había sido vertiginosa: colonizó el marketing, el cine, la publicidad, la moda y hasta los eventos deportivos, y fueron esos hallazgos los que marcaron un punto de inflexión, obligando a establecer límites a una difusión que, hasta entonces, parecía no tener barreras.
¿Tendrán las plataformas sociales el mismo destino? La discusión viene ganando terreno a partir del trágico tiroteo escolar ocurrido el 30 de marzo de 2026 en la ciudad de San Cristóbal, en la Escuela Normal Superior N° 40 «Mariano Moreno». Allí, un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejando al menos ocho estudiantes heridos.
Cuando la violencia se cruza con lo digital
La investigación reveló que el ataque no fue un hecho aislado ni motivado por situaciones de bullying, sino que estuvo vinculado a comunidades digitales que fomentan la violencia. Frente a un episodio de esta magnitud, difícil de racionalizar y asimilar como algo posible aunque extraordinario, resulta necesario ampliar el enfoque y no limitar el tratamiento únicamente al eje narcotráfico–violencia juvenil.
La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, advirtió sobre el crecimiento de la violencia extrema entre adolescentes, incluyendo conductas de autoagresión, y puso el foco tanto en el rol que están teniendo las redes sociales en estos fenómenos como en sus efectos en la salud mental. En 2025, según datos oficiales, se registraron 448 suicidios en la provincia de Santa Fe, superando los homicidios dolosos (210) y las muertes por accidentes de tránsito (306), datos que obligan al menos a poner un interrogante sobre la mesa: ¿hay que prohibir estos entornos en menores?
Regular o no regular: el nuevo debate
A nivel global, crece la tendencia a discutir la prohibición o restricción del acceso a redes sociales para menores, impulsada por estas mismas preocupaciones. Australia fue uno de los países pioneros al prohibir el registro de menores de 16 años, y actualmente al menos diez países avanzan en proyectos legislativos para regular su uso.
En Argentina, el tema aún no forma parte de una agenda regulatoria concreta. A diferencia de lo que ocurre con las apuestas online, donde las plataformas deben validar la identidad a través de datos biométricos, el acceso a redes sociales no tiene restricciones específicas por edad. Las únicas regulaciones aparecen, de forma fragmentaria, dentro del ámbito escolar, dejando fuera a los adolescentes que están por fuera del sistema educativo, muchas veces los más vulnerables.
El análisis ya no se limita a la escuela ni al entorno familiar. Quienes impulsan restricciones más duras apoyan su postura en estudios que vinculan el uso intensivo de redes con ansiedad, adicción, trastornos del sueño y exposición a riesgos como el grooming, los discursos de odio o los desafíos virales peligrosos. Desde esta perspectiva, limitar el acceso no sería una censura, sino una medida de salud pública.
Del otro lado, especialistas y padres advierten que una prohibición total puede resultar contraproducente. No solo podría empujar a los adolescentes hacia circuitos digitales menos visibles o clandestinos, sino también profundizar brechas sociales y culturales. Para muchos jóvenes, las redes son espacios de pertenencia, socialización, aprendizaje, expresión e incluso de generación de ingresos. Excluirlos implica dejarlos afuera de oportunidades.
Las redes sociales no son, en sí mismas, el problema. Pero tampoco son inocentes del todo. Entre la prohibición absoluta y la ausencia total de regulación, hay un terreno todavía poco explorado. Más interrogantes que respuestas y una pregunta incómoda: cuánto estamos dispuestos a regular aquello que, al mismo tiempo, no queremos dejar de usar.
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