El caso conocido como “Propofest” expuso una trama compleja que combina el desvío de medicamentos de uso hospitalario, su consumo en ámbitos privados y una investigación judicial que todavía está en desarrollo. A partir de dos muertes ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia comenzó a reconstruir un circuito que involucra a profesionales de la salud y que abrió interrogantes sobre los controles dentro del sistema sanitario.
El punto de partida de la causa fue la muerte de un médico anestesista, ocurrida el 20 de febrero de 2026. El profesional fue hallado sin vida y los estudios posteriores confirmaron la presencia de propofol y fentanilo en su organismo, dos sustancias utilizadas habitualmente en procedimientos médicos. En un primer momento, el hecho fue abordado como una muerte dudosa, pero con el correr de los días aparecieron elementos que llevaron a profundizar la investigación.
Con el avance del expediente, se sumó un segundo caso de características similares. Otro profesional de la salud fue encontrado muerto y, al igual que en el primer hecho, se detectó la presencia de estas drogas. Este nuevo episodio reforzó la hipótesis de que no se trataba de situaciones aisladas, sino de un fenómeno más amplio vinculado a prácticas reiteradas.
En paralelo, la Justicia abrió una segunda causa centrada en el posible robo y desvío de medicamentos. Los investigadores pusieron el foco en cómo estas sustancias, que tienen un uso estrictamente hospitalario, podían terminar en ámbitos privados. Esta línea permitió comenzar a rastrear circuitos de acceso y distribución por fuera de los canales legales.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el origen de los fármacos. Según se pudo reconstruir, parte del propofol y del fentanilo habría sido sustraído de instituciones médicas, lo que abrió sospechas sobre fallas en los controles internos y posibles responsabilidades dentro del sistema de salud. Este aspecto es clave para entender la magnitud del caso.
En ese contexto aparecieron las denominadas “Propofest”, reuniones privadas en las que, según los investigadores, se consumían este tipo de sustancias con fines recreativos. Se trataba de encuentros reducidos, integrados principalmente por médicos y residentes, donde el uso de estas drogas se daba en un entorno que buscaba replicar ciertas condiciones de seguridad propias del ámbito clínico.
De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, en estas reuniones se utilizaban equipos médicos como bombas de infusión y se administraban las sustancias por vía intravenosa. Incluso, en algunos casos, había personas encargadas de supervisar el estado de quienes participaban, lo que da cuenta de un nivel de organización mayor al que se podría suponer en un primer momento.
Sin embargo, el riesgo asociado a estas prácticas es alto. El propofol y el fentanilo son drogas que requieren un control preciso de dosis y monitoreo constante, ya que una mínima variación puede provocar depresión respiratoria y, en consecuencia, la muerte. Este factor es central para entender por qué estos encuentros, aun cuando se realizaban entre profesionales, resultaban potencialmente letales.
La investigación también avanzó sobre el análisis de comunicaciones y vínculos entre los involucrados. A través de chats y otros registros, los investigadores detectaron que existía una organización previa para estos encuentros, lo que refuerza la idea de que no se trataba de hechos esporádicos, sino de una práctica que se repetía en el tiempo.
Por el momento, hay personas imputadas y se realizaron allanamientos, aunque no se registraron detenciones. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y busca determinar responsabilidades tanto en las muertes como en el desvío de medicamentos.
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