La Justicia reforzó las medidas de protección para los diez exalumnos del Colegio Palermo Chico que denunciaron por abuso sexual al empresario Marcelo Porcel. En las últimas horas, cada uno de los adolescentes recibió un botón antipánico entregado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de brindar una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo mientras avanza la causa judicial.
Los dispositivos consisten en teléfonos equipados con una aplicación especial que permite emitir alertas inmediatas a las fuerzas de seguridad. La medida fue dispuesta en un contexto de preocupación por la demora en la implementación de otra resolución judicial clave: la colocación de una tobillera electrónica al acusado para monitorear el cumplimiento de las restricciones de acercamiento impuestas por la Justicia.
Según trascendió, la colocación del dispositivo de control aún no pudo concretarse debido a cuestiones administrativas y técnicas. Entre los datos pendientes figuran la confirmación del domicilio exacto de Porcel y la definición del perímetro de exclusión que deberá respetar respecto de las presuntas víctimas y sus familiares. Esa información debe ser remitida por el juzgado correspondiente a la Policía de la Ciudad, encargada de ejecutar la medida.
La situación generó inquietud entre los representantes legales de los denunciantes. El abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti presentó diversos escritos reclamando el cumplimiento efectivo de la orden judicial, al considerar que ya transcurrieron varios días desde que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ratificó la medida sin que se haya implementado.
La resolución que dispuso la tobillera electrónica fue emitida junto con la confirmación del procesamiento de Marcelo Porcel en una causa que investiga presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por una situación de guarda, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían tenido como víctimas a diez adolescentes de entre 11 y 15 años.
Pese a la gravedad de las acusaciones, la Cámara resolvió que el empresario continúe en libertad mientras avanza el proceso judicial. Los magistrados consideraron que posee domicilio fijo, arraigo suficiente y que hasta el momento no se registraron incumplimientos de las restricciones impuestas. No obstante, destacaron la importancia de reforzar las medidas de protección para las víctimas mientras se desarrolla la investigación.
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