La sesión especial que el oficialismo había convocado para este miércoles en la Cámara de Diputados no pudo empezar por falta de quórum. La Libertad Avanza y los bloques que respaldaron la convocatoria reunieron a 126 legisladores, apenas tres menos de los 129 que exige el reglamento para abrir el debate. Así quedaron en suspenso varias iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, entre ellas la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que estaba a un paso de convertirse en ley.
Un temario acordado que no alcanzó
El revés llegó a pesar de que las bancadas habían cerrado un acuerdo en Labor Parlamentaria, la instancia donde se define el orden de los temas y el tiempo de cada discusión. El cronograma preveía una jornada de 13 horas y 9 minutos, sin contar cuestiones de privilegio, homenajes ni pedidos de apartamiento del reglamento. Pero ese entendimiento no se tradujo en la cantidad de diputados necesaria para arrancar: los legisladores de Provincias Unidas y del MID no se presentaron en el recinto y terminaron forzando la caída de la sesión.
La convocatoria había sido impulsada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a otros diputados oficialistas. El acuerdo sobre la organización no implicaba que todos los bloques apoyaran el contenido de los proyectos, pero sí había permitido planificar en detalle una jornada que finalmente no se concretó. Incluso se había previsto una votación abreviada para las iniciativas que llegaban en revisión desde el Senado y para los tratados internacionales.
La Ley Malvinas, el proyecto central que quedó afuera
La iniciativa más importante que quedó sin tratar fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocida como Ley Malvinas, que ocupaba 9 horas y 42 minutos del cronograma. Estaban previstas cinco exposiciones de los miembros informantes de los dictámenes, con una hora y 40 minutos en total, además de cuatro horas y diez minutos para oradores individuales y tres horas y 47 minutos para los bloques. El proyecto modifica las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y suma reformas en materia de defensa, inteligencia y seguridad nacional.
Uno de los capítulos más polémicos es el que aborda la injerencia extranjera en procesos electorales. El texto prevé penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes organicen o financien campañas que busquen interferir en elecciones o condicionar decisiones de las autoridades en favor de intereses extranjeros. Legisladores opositores y de bloques dialoguistas cuestionaron el alcance de estas nuevas figuras penales por su posible impacto sobre la libertad de expresión. En comisión se agregaron excepciones para la actividad periodística, diplomática y académica, aunque seguía habiendo diferencias sobre qué tan precisas eran esas garantías.
La ley también crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con facultades para coordinar las políticas de defensa, seguridad e inteligencia y para analizar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos. El oficialismo buscaba la aprobación en general, aunque todavía debía negociar algunos artículos con los bloques que habían firmado los dictámenes con observaciones.
Banco Central: una reforma a un paso de la sanción
La otra iniciativa de peso que quedó en pausa es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había vuelto a Diputados después de los cambios que le hizo el Senado. El proyecto fija como objetivo principal de la entidad preservar el valor de la moneda y le prohíbe financiar al Tesoro, de forma directa o indirecta, con adelantos transitorios u otros mecanismos de emisión. Además, cambia el destino de sus ganancias: deberán usarse en primer lugar para cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.
Los senadores habían modificado el esquema para designar y remover a las autoridades del Banco Central. Por eso, Diputados tenía que decidir si aceptaba esos cambios o insistía con su texto original, según las mayorías que fija el artículo 81 de la Constitución Nacional. El acuerdo reservaba apenas cinco minutos para esa votación, pero la falta de quórum impidió completar el trámite.
Comercio, Justicia porteña y pymes, también en espera
La postergación alcanzó además a dos acuerdos vinculados con la integración comercial del Mercosur. Uno es el tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y que busca ampliar el intercambio de bienes y servicios y reducir barreras comerciales. El otro es la enmienda al Protocolo de Montevideo, que actualiza las reglas regionales para el comercio de servicios. Cada uno tenía asignados cinco minutos de votación.
También quedaron pendientes dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, que iban a debatirse juntos durante dos horas y 22 minutos. El primero es el cuarto convenio de traspaso progresivo de competencias penales a la Justicia porteña, y el segundo le transfiere a la Ciudad la función judicial en materia criminal y correccional de menores. Es un capítulo pendiente de la autonomía porteña, que viene avanzando a través de sucesivos acuerdos entre ambas administraciones.
El temario cerraba con un cambio en el artículo 2 de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas, con 30 minutos de tratamiento previstos. La propuesta busca ampliar el régimen para que las cooperativas puedan acceder a las herramientas de reconocimiento y promoción que contempla la ley. Tampoco pudo hacerse el minuto de silencio por la muerte de la exdiputada Patricia Walsh ni el posible homenaje a las víctimas del ARA San Juan. También quedaron sin tratar las 17 cuestiones de privilegio, los siete homenajes y los ocho pedidos de apartamiento del reglamento que habían anticipado los bloques.
El desafío que se viene para el oficialismo
El resultado mostró cuánto depende el Gobierno de los acuerdos parlamentarios para que la Cámara funcione. Aunque La Libertad Avanza tiene aliados para determinadas iniciativas, primero necesita reunir una mayoría para abrir cada sesión y después conseguir los votos que requiere cada proyecto. Esta vez la distancia fue de solo tres diputados, y eso alcanzó para que no se discutiera ningún tema, más allá de los consensos que pudiera haber sobre algunos de ellos.
La caída de la sesión obliga al oficialismo a repensar su estrategia en un tramo clave del calendario legislativo, con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas prioritarias pendientes antes del cierre del período ordinario. La jornada dejó a la vista la distancia entre organizar un debate y llenar las bancas: con un temario consensuado y más de 13 horas de discusión planificadas, al Gobierno le faltaron tres diputados para empezar.


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