La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios, legisladores y personas vinculadas al gobierno de Javier Milei, ante sospechas de posibles irregularidades.
La presentación judicial se suma al pedido de informes impulsado por el diputado Esteban Paulón y apunta a determinar si en la concesión de estos préstamos pudieron haberse cometido delitos como “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta”.
Según planteó Frade, los montos otorgados no guardarían relación con los ingresos declarados por los beneficiarios ni con su capacidad real de repago. En ese sentido, advirtió que la normativa del Banco Central de la República Argentina exige evaluar tanto los ingresos como su estabilidad, algo que —según la legisladora— podría no haberse cumplido en estos casos.
“Se estarían otorgando créditos que, de antemano, podrían entrar en mora”, sostuvo en su denuncia, donde además solicitó revisar los legajos crediticios, las actas internas del banco que aprobaron las operaciones y la intervención de peritos para determinar si existieron perjuicios para la entidad.
La polémica se originó a partir de datos difundidos por el sitio “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que recopila información de la Central de Deudores del BCRA y permite seguir la evolución de pasivos de figuras públicas.
Entre los nombres señalados figuran dirigentes y funcionarios cercanos al oficialismo. Aparecen, por ejemplo, Alejandro Bongiovanni, quien habría accedido a un préstamo millonario poco después de sumarse a La Libertad Avanza; Lorena Villaverde, con deudas de alto monto; y Santiago Santurio, quien también obtuvo una suma millonaria en 2025.
También se mencionan a Mariano Campero, Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira, todos con créditos o deudas significativas según los registros analizados.
El caso suma tensión política y pone bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos de financiamiento estatal, en un contexto donde se reclama mayor transparencia en el acceso a créditos públicos. La Justicia deberá ahora determinar si existieron irregularidades en las operaciones señaladas.
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