Organizaciones feministas y de la diversidad se concentraron este jueves frente al Palacio de Justicia para denunciar una estrategia política y comunicacional que busca instalar la idea de que las denuncias de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes (NNyA) son mayormente falsas.
Según la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, impulsora de la convocatoria, este fenómeno responde a una narrativa de «masculinidad en peligro» que victimiza a los varones denunciados. Las activistas señalaron que no se trata de una reacción espontánea, sino de una avanzada planificada que utiliza «ecosistemas digitales de trolls e influencers» para atacar las políticas de género.
Durante la jornada, las organizaciones presentaron cifras para contrarrestar los discursos que cuestionan la veracidad de las denuncias:
Prevalencia: Según organismos internacionales, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 varones sufrieron abuso en la infancia.
Femicidios: En Argentina se registra un crimen de este tipo cada 30 horas.
Efectividad de la ESI: La Educación Sexual Integral permitió que más de 1.000 menores identificaran y denunciaran situaciones de abuso en el país.
«Quienes buscan eliminar la ESI intentan restaurar el silencio que protege a los abusadores», afirmaron a través de un documento leído durante la protesta.
Uno de los puntos más críticos del reclamo fue la denuncia de «disciplinamiento» hacia quienes acompañan a las víctimas. Las organizaciones manifestaron su apoyo a tres psicólogas de Rosario, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales y campañas de difamación por la elaboración de informes en causas de abuso.
En este sentido, cuestionaron el rol de sectores legislativos que impulsan el endurecimiento de penas por denuncias falsas, mencionando específicamente a la senadora Carolina Losada. Según las organizaciones, estas iniciativas generan un «efecto inhibitorio» que desalienta a las víctimas a buscar justicia.
La manifestación también puso en relieve la precariedad del sistema de protección actual. Citando un informe conjunto de UNICEF Argentina y la Defensoría del Pueblo (2022), recordaron que el derecho a la integridad fue el segundo más vulnerado en la provincia de Santa Fe durante 2020.
La protesta concluyó con una advertencia clara: la disputa cultural actual amenaza con desplazar el foco de la protección de las infancias, debilitando las herramientas judiciales y sociales construidas en los últimos años para visibilizar la violencia sexual.
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