Los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), lanzaron este lunes un paro nacional por 72 horas. El conflicto estalló tras la implementación de una nueva resolución de la obra social que, según denuncian los prestadores, reduce drásticamente sus ingresos y pone en jaque la continuidad del servicio.
En Rosario, la protesta se visibilizó con una manifestación en la sede de San Lorenzo al 900. Allí, los profesionales explicaron que la disposición —tomada de forma unilateral el pasado 9 de abril— establece honorarios de apenas $2.100 por consulta, una cifra que califican de «insostenible» frente a los valores de mercado.
El Dr. Marcel Blanco, referente de Appamia, brindó detalles sobre la asfixia económica que atraviesa el sector:
Ingresos proyectados: Con la nueva normativa, un médico de cabecera percibiría entre $600.000 y $700.000 mensuales.
Costos operativos: «Alquilar un consultorio por ocho horas en Rosario cuesta no menos de $400.000 o $500.000«, ejemplificó Blanco, subrayando que el margen restante imposibilita el sostenimiento de la estructura básica de trabajo.
Comparativa: Mientras PAMI paga $2.100, otras obras sociales mantienen un piso de entre $12.000 y $18.000 por prestación.
Por su parte, la Dra. Guillermina Casella advirtió sobre el cambio en la modalidad de liquidación. Hasta hace 20 días, los profesionales percibían $6.000 por consulta presencial. Sin embargo, la nueva resolución eliminó el pago individual y el tope de atenciones.
«Si un afiliado asiste ocho veces en un mes, la remuneración por prestación termina licuándose a cifras ínfimas», alertó Casella. Esta situación, explican, incentiva una precarización que afecta directamente la calidad médica.
Más allá de lo económico, los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto en los jubilados. En Rosario, cerca de 300 médicos de cabecera mantienen vínculos de décadas con sus pacientes. «Pasan a ser familia», señalaron, lamentando tener que interrumpir la atención para ser escuchados.
Los profesionales exigen que las autoridades de la Unidad de Gestión Local (UGL) intercedan ante la sede central en Buenos Aires para retrotraer la medida. «Acá hay dos damnificados: el médico en su fuente laboral y el paciente como tal», concluyó Blanco, apelando a una resolución urgente para destrabar el conflicto.
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