El oficialismo en el Senado resolvió quitar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. En principio, el resto de la iniciativa se debatirá mañana, en la sesión prevista para las 14, luego del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado. La decisión se conoció minutos antes de las 15, tras un encuentro que reunió a los bloques aliados de la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien sufrió así un nuevo revés.
La caída del capítulo más controvertido del proyecto fue consecuencia de una serie de bajas que comenzó ayer por la tarde. Mientras Bullrich daba una conferencia de prensa para anunciar cambios en las condiciones de venta de tierras a extranjeros —que iban desde liberar por completo la restricción hasta elevar el tope vigente del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores de los que se esperaba un voto a favor manifestaron dudas y negaron que ella los tuviera asegurados, como había dado a entender ante la prensa.
Esta mañana, además, dos gobernadores hasta ahora cercanos a la Casa Rosada —aunque con posturas que fueron cambiando— , el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, se manifestaron en contra de ese capítulo. Incluso un legislador del PRO decidió despegarse de Bullrich al enterarse de que un radical de su misma provincia votaría en contra. El resultado fue un desorden difícil de contener. Como ya había señalado este medio, la discusión había dejado de ser técnica para volverse completamente política.
El texto original mantenía la prohibición de que Estados extranjeros adquirieran tierras rurales. La situación era distinta para personas jurídicas —cualquiera fuera su forma o denominación, incluidas agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas u otras figuras asociativas— con participación estatal extranjera directa o indirecta, que sí podrían comprar tierras si contaban con autorización tanto de la provincia donde estuviera ubicado el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto aclaraba, además, que el Poder Ejecutivo no podría delegar esa facultad de autorización en un funcionario de rango inferior al de Secretario de Estado. Un punto clave era que la titularidad de tierras rurales en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras no podría superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia.
También se establecía que toda adquisición de tierras rurales por extranjeros —personas humanas o jurídicas— debería inscribirse en el registro inmobiliario provincial correspondiente, dejando constancia de los datos y la nacionalidad del comprador en un asiento especial. En el caso de empresas con participación estatal extranjera, debía adjuntarse tanto la autorización provincial como la del Poder Ejecutivo Nacional.
En este contexto, y pese a que varios legisladores dialoguistas le pidieron a Bullrich que no avance con la sesión de mañana, el resto del proyecto incluye modificaciones relevantes en materia de expropiaciones, desalojos exprés y la polémica Ley de Manejo del Fuego impulsada años atrás por Máximo Kirchner. Sobre este último punto, La Libertad Avanza busca ahora eliminar el bloqueo por varias décadas que rige sobre las tierras afectadas por incendios.
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