Este jueves 18 de junio la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó el requerimiento de ficha limpia para contrataciones públicas. El proyecto apunta a evitar la adjudicación de licitaciones y el pago de servicios a empresas o personas vinculadas con casos de corrupción y otras actividades ilegales.
La iniciativa había conseguido la primera media sanción un año atrás, en junio de 2025. Ahora, el Senado votó a favor nuevamente, pero introdujo modificaciones que requirieron un nuevo aval del otro cuerpo de la Legislatura. La diputada del Partido Socialista (PS) Lionella Cattalini, en diálogo con el equipo de Escenario Mercenario, consideró que este avance «es un mensaje político muy importante».
«Es una muestra de que es una ley para que aquellas personas que investigadas por corrupción, empresas, mutuales o cooperativas no puedan contratar con el Estado, y es una ley que se aprobó por unanimidad«, profundizó. Y reiteró, en líneas con el mensaje anterior: «Estoy muy contenta por la ley y el mensaje político que esto representa para la provincia de Santa Fe».
Sobre la entrada en vigencia, Cattalini estimó que «en aproximadamente 10 días» se dará, considerando, además, que no tiene estipulado ningún plazo de implementación.
Al ser consultada sobre la permanencia de un punto de la versión original, que aludía a que, cuando el Estado va a contratar a alguien, solicita un certificado de antecedentes penales y, cuando transcurre el tiempo y se cierra la licitación, esa información debe actualizarse para no quedar vieja, la diputada respondió que el proyecto «tuvo modificaciones» y, por tal, «no está redactado exactamente como estaba». Sin embargo, añadió: «Se entiende que de alguna manera el Estado va a definir cómo se interioriza de eso. El Estado tiene que pedir certificado de antecedentes penales y después está habilitado a generar convenios o establecer distintos tipos de niveles de información. (…) Creo que es una posibilidad que va a tener».
Por último, se le preguntó si se exige lo mismo que para una candidatura en elecciones. Cattalini afirmó que las exigencias son las mismas, pero aclaró que, en este caso, cuenta con «algunos delitos menos que fueron suprimidos, referidos fundamentalmente a los delitos culposos». «Acá se habla de delitos dolosos, y se extiende tanto a personas físicas como empresas, cooperativas y mutuales», destacó.
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